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Domingo, 23 Noviembre 2014 00:00

DESESCALAR EL CONFLICTO - Una circunstancia que depende del gobierno

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Desde el inicio de los diálogos de paz, las FARC-EP han insistido en la necesidad de pactar un cese bilateral de fuegos y hostilidades, a fin de generar el mejor ambiente de confianza y amainar los dolores de la guerra que sufre el conjunto de la población. Siendo consecuentes con esta postura, de manera unilateral se han declarado ceses de fuego y hostilidades por cuatro ocasiones, sin siquiera haber observado en el gobierno una actitud de reconocimiento, mucho menos de reciprocidad; más bien se ha obtenido la descalificación de altos funcionarios de Estado, incluyendo al parlanchín Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y a varios mandos militares.

No obstante, en consonancia con el clamor nacional de reconciliación, nuestra disposición de pactar pronto un armisticio está más presente que nunca, pero existiendo el infortunio de que el gobierno insiste en su determinación absurda y terca de adelantar las conversaciones en medio de los combates. Múltiples y enfáticas son las declaraciones públicas y privadas que el Presidente, sus ministros y militares han realizado en este sentido, agregando además amenazas de muerte contra la dirigencia insurgente y órdenes feroces de arreciar los ataques. Ese sí parece ser para Santos “el mejor de los mundos”, pero sin que se afecte a sus tropas.

Tal locura, pocas o ninguna crítica recibe de quienes cotidianamente juzgan a las FARC- EP por los golpes que con sus modestas fuerzas logran asestar contra legítimos objetivos militares respondiendo a la ofensiva gubernamental.

El hecho de que la guerra produce bajas humanas, prisioneros y daños materiales, nadie lo puede ocultar. Y todo aquel que tiene sentido común no deja de preocuparse y lamentar tal realidad; pero así es la guerra y por eso tenemos que encontrar una salida política para resolver las causas que la han puesto en escena y que tienen que ver con la implantación de la injusticia, la miseria, la desigualdad y la negación de la democracia por parte de una élite de ricos que estableció un sistema plutocrático infame contra las mayorías en Colombia.

Un paso de conveniencia nacional para transitar hacia La Paz es el de firmar un armisticio, entonces ¿por qué no concretarlo?, ¿cuántas muertes y penas nos estaríamos evitando? ¿O por qué no convenir al menos algunas medidas de regulación y de humanización del conflicto, que permitan soluciones rápidas a casos de prisioneros, o atención adecuada a varios de los nuestros que están en cárceles del régimen en lamentables condiciones de salud y de hacinamiento? Mucho se puede hacer disponiendo de voluntad política y buen juicio. Pero ese argumento torpe de no darle viabilidad al cese de fuegos porque hacerlo le serviría a la guerrilla para fortalecerse; esa y las demás tonterías que ha dicho Santos recientemente en Santa Marta para justificar su negativa a la tregua, son simples excusa para mantener la confrontación sólo en busca de complacer a los sectores militaristas que se lucran del negocio de la guerra. Por ello, si así están las cosas, ni el gobierno ni nadie debe cuestionar a la guerrilla cuando captura a militares en los teatros de operaciones, más cuando es sabido que sobre nuestros campamentos cotidianamente llueven bombas y se despliegan desproporcionados operativos de aniquilamiento. ¿O se pretende acaso que esta sea una guerra sui generis, en la que una sola de las partes puede atacar, matar y capturar a los integrantes de la otra, mientras para esta el papel es el de soportar con estoicismo la destrucción y la muerte?

No, no se debe pensar y hablar con tanto descaro. No se puede admitir tampoco que la gran prensa diga que los militares que capturamos son secuestrados, o que las bajas que hacemos al ejército o a la policía son asesinados. ¿Acaso también son secuestrados nuestras guerrilleras y guerrilleros que están en prisión soportando todo tipo de vejámenes?; ¿y de nuestros muertos qué decir, qué son ellos..., acaso simples cifras de estadísticas sin dolientes?

Si el gobierno insiste en mantener la confrontación, tal como lo ha reiterado el Presidente Santos, incluso en momentos en que de parte de las FARC se hacen esfuerzos por dejar en libertad a varios militares aún en medio de bombardeos y amplio despliegue de tropas, entonces no debe quejarse él ni sus funcionarios, ni los gurú de la maquinaria mediática que en mayoría de veces actúa como multiplicadores y defensores oficiosos de las criminales políticas de Estado.

Dentro del compromiso de alcanzar La Paz, es un gesto de buena voluntad el proceso de liberación de los prisioneros de guerra Cabo Jorge Rodríguez, Soldados Cesar Rivera y Jonathan Díaz, del General Rubén Darío Alzate y de su acompañante la señora Gloria Urrego. Y este gesto no debe ser visto como el producto de ningún tipo de presión; se trata de una determinación soberana que obedece al clamor de reconciliación de los colombianos y no a la desatinada idea de suspender el diálogo que tuvieron Santos y sus "geniales" asesores, contrariando lo que estipula el Acuerdo General de la Habana en cuanto a que las conversaciones se hacen en medio de la confrontación y que lo que ocurra en Colombia no tiene por qué afectar la mesa.

Pero bien, de cualquiera manera nuestra vocación de diálogo está por encima de las inconsecuencia del gobierno, y por encima de su fanfarronería. Las conversaciones deben seguir y ojalá de mejor manera, por eso compartimos con el llamado que desde Santa Marta hace Humberto de la Calle, jefe del equipo de paz de Santos, cuando plantea la necesidad de desescalar el conflicto colombiano. Creemos cómo él, que es momento de tomar decisiones, que hacen falta pruebas concretas, muestras reales de paz, gestos..., y que tenemos que movernos en esa dirección. Pero pensamos que todo esto, ahora es más deber del gobierno que de las FARC-EP, y que la mejor y más efectiva señal de avance sería sin duda, que pactemos el armisticio, el cese bilateral de fuegos y hostilidades, tal como lo reclaman las mayorías en nuestro país.


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Jesús Santrich

Integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP.
Integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP.

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