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Fidel Rondón

Fidel Rondón

Columnista del Jueves
Integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP

Por: Fidel Rondón, Delegación de Paz FARC-EP

Urge a la población de las regiones colombianas conocer los pormenores, disensos y avances del proceso de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP que se desarrolla ya hace tres años en la ciudad de La Habana.

Por: Fidel Rondón, Delegación de paz FARC-EP

Para avanzar en los caminos de la paz vivimos una necesidad de amnistía e indulto total para los combatientes de la insurgencia y civiles víctimas de persecución política y montajes judiciales, privados de la libertad. La actual coyuntura del proceso de paz de La Habana sobre el fin del conflicto, y la decisión presidencial de empezar a conceder indultos y tratamiento penitenciario diferencial a los prisioneros , abre el debate sobre ésta categoría de personas privadas de la libertad por sus convicciones políticas: Prisioneros de Guerra, Prisioneros de Conciencia y Prisioneros víctimas de montajes judiciales. Una cuestión ineludible para el proceso de paz.

Viernes, 13 Noviembre 2015 00:00

Poligrow, la otra amenaza sobre Mapiripán

Por: Fidel Rondón, integrante de la Delegación de Paz FARC-EP


¿Qué tiene de atractivo las tierras de sabanas onduladas, surcadas por ríos, lagunas y morichales, plagadas de mosquitos y paludismo en el municipio de Mapiripán en el Meta? Fuera de su valor específico escondido de su entorno natural, la región es atractiva por su potencial agroindustrial al pertenecer a uno de los siete Municipios que conforman la altillanura colombiana. Considerada la última frontera agrícola del país, es aquí donde el Gobierno Nacional estimula iniciativas económicas de gran escala incitando la extranjerización del territorio (Puerto Gaitán, Puerto López y Mapiripán en el Meta, y La Primavera, Santa Rosalía, Cumaribo y Puerto Carreño, o sea todo el Departamento del Vichada), desamparando a los habitantes y pueblos originarios como los Sikuani, Puinave, Jiw y Kurripaco que conservan sus idiomas y prácticas ancestrales en el uso del suelo.


Se avecina la gran feria electoral, gamonales y electores agitan el mercado de los votos. Como todas las veces, organizaciones de la sociedad civil, independientes del Gobierno y de los partidos políticos, revelan esta vez que hay 800 municipios con riesgos de fraude electoral. Sin embargo, ninguno de los 1.101 municipios del país se escapa a las malsanas costumbres políticas electorales, teniendo en cuenta que alrededor del ejercicio del sufragio se fraguan empresas y microempresas electorales con variados expertos en la violación del ejercicio más manoseado de participación democrática. Verdaderos profesionales del delito.

Por: Fidel Rondón, integrante de la Delegación de Paz FARC-EP

Los principios básicos de una democracia para Colombia no se podrán seguir midiendo con la traza del sufragio, porque la identidad del voto libre y soberano se ha diluido en las marrullas de los caciques regionales. Se sostiene que los gobiernos elegidos obtienen, por medio de elecciones, el reconocimiento y la legitimidad que les permite ejercer la dominación sobre el territorio y sus habitantes. Pero no son las elecciones la fuente del poder de los gobernantes, sino el dinero que invierten en las campañas para acceder a él. El gobernante regional se dedica en su periodo de Gobierno a recoger la inversión de la actividad electoral y no a gobernar.


Ver desde la óptica revolucionaria con desconfianza, el hipotético escenario meramente político para la acción de las guerrillas tiene asideros muy valederos, y el país lo sabe. Con una mirada al reciente pasado constatamos que la historia está llena de ejemplos sobre incumplimiento de acuerdos, además de traiciones desde el poder a la izquierda revolucionaria, luego que ha depuesto las armas.

 
El uso irracional de la tierra en Colombia
 
“Cuarenta años después del Acuerdo de Chicoral en el cual los altos dignatarios del país determinaron que el desarrollo agropecuario sería realidad a partir de la consolidación de la gran propiedad, su resultado no podía ser peor.”
Héctor Mondragón
 
Graves episodios se suceden a diario desde ámbitos opuestos en la lucha por la posesión de tierras en Colombia: desde la orilla privilegiada, el despojo y la apropiación “legal” ante la Ley por parte de acaparadores de tierras (multinacionales y nacionales) y desde la otra, los campesinos poseedores con carta de venta o simplemente con posesión de hecho, el drama de quienes les fue arrebatada a sangre y fuego más de más de 6 millones de hectáreas. Estos últimos en la brega por legitimar ante el Estado su derecho a la propiedad sobre la tierra que han trabajado, y los primeros, agentes de países lejanos o conglomerados financieros privados con intereses en el mercado mundial de alimentos.

Por: Fidel Rondón, integrante de la Delegación de Paz FARC-EP

"Insisto en señalar que el Proyecto de Ley de Baldíos que se adelanta en el Congreso de la República es un atentado contra el acuerdo parcial del primer punto de la Agenda de La Habana y una campanada de alerta para más de  10 millones de colombianos pobladores del campo."


Desde el pasado  16 de abril, cuando el Ministro del Interior presentó en el  Despacho de la Secretaria general de la Cámara de Representantes  el Proyecto de ley  223, por medio de  la cual se  modifica  la Ley 160 de 1994 y se crean las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres),  “como zonas especiales de aptitud agropecuaria, aisladas de los centros urbanos,  con  baja densidad poblacional y altos índices de pobreza, que carecen de infraestructura  para el transporte y comercialización de los productos”, se sabía que tenía nombre propio:   la Altillanura propiamente dicha, sin contar Arauca y Casanare, conformada por el Departamento del  Vichada, más los municipios de Puerto López, Mapiripán y Puerto Gaitán en el Meta. Se trata  de un área de unos 7 millones de hectáreas, de las cuales 4.5 podrían ser utilizados para la agricultura, eso sí, con características agrológicas que requieren  mejoramiento y ayuda tecnológica para su explotación.

Esta parte orográfica de Colombia  llamada altillanura disectada o serranía ondulada, es la que el Gobierno Nacional  busca entregar a  las transnacionales  y al capital financiero especulativo (o legalizarlas porque ya están ahí), con el falaz argumento que allí no hay campesinos, desconociendo los colonos habitantes y las comunidades indígenas Xicuani, Guhaibos, Curripacos   y Piapocos. En esos 7 millones de hectáreas viven 1,7 millones de personas, que incluyen a comunidades étnicas, por lo menos 140 resguardos indígenas que se suman a los 130.000 habitantes, solo en el departamento del Vichada; allí viven  adjudicatarios nativos y colonos  que llevan más de 5  años poblando  esas llanuras y ahora los quieren desconocer. 

La razón de la llegada de la agroindustria multinacional a la región de la Altillanura  se debe a la oportunidad que tiene Colombia de ser  uno de los  pocos países con tierras disponibles para atender la demanda creciente de alimentos. Aparece un grupo de empresarios chinos que aspiran  completar 400.000  hectáreas  en la altillanura, “Ellos solo compran la tierra, pues traerían la mano de obra, los insumos y maquinaria necesaria, mientras toda la producción de granos sería exportada a su país”, según la revista Portafolio. Pero hay otros capitales beneficiarios de la Ley de baldíos si logra pasar en el Congreso, que legalizarían sus inversiones fraudulentas y amañadas:

ü  Multinacionales como Cargill han emprendido en la Altillanura colombiana un proyecto de producción de cereales que involucra 90.000 hectáreas en el departamento del Meta.

ü  Agrosuper es un holding de empresas chilenas dedicadas a la producción de alimentos.

ü  El Grupo Maggi: sacará adelante un proyecto agroindustrial en los Llanos Orientales.

ü  Mónica Semillas: es una multinacional agrícola de capital brasilero, compró en el municipio de Puerto Gaitán las primeras 13 mil hectáreas  para la siembra de soya.

ü  Poligrow: empresa de capital italiano y español sembrará  15 mil hectáreas de palma aceitera, en Mapiripán, Meta.

ü  El Tejar: Óscar Alvarado, capital uruguayo para cultivar soya.

ü  Agropecuaria Aliar: reúne al grupo Contegral de Medellín y a inversionistas santandereanos. En total son 28 empresas nacionales para producir 30.000 hectáreas de soya y maíz.

ü  Inversiones Manuelita:  tiene 20 mil hectáreas, además posee 17 mil hectáreas en Orocué, Casanare, donde está sembrando palma.

ü  Grupo Empresarial GPC: En el Meta puso en marcha el Complejo Agroindustrial Cantaclaro, cuentan con 15 mil hectáreas para  cultivar en Puerto López.

ü  Mazuera: cuenta con 2.500 hectáreas en Puerto López Meta, donde cultiva maíz, soya y arroz.

ü  Agropecuaria y Comercializadora del Meta S.A., cuentan con 7 mil hectáreas en el Meta.

ü  Ingenio Sicarare: es una empresa de Arturo Sarmiento Angulo, su hermano es el banquero Luis Carlos Sarmiento. Actualmente tiene tierras cerca de Carimagua se calculan que son más de 20.000 hectáreas.

ü  Mavalle S.A.: una empresa de caucho en el Meta con alrededor de 4.600 hectáreas. El proyecto es llegar a las 10 mil hectáreas.

ü  Unipalma: en 2015 la empresa aspira contar con 12.000 hectáreas de palma.

ü  Grupo Casandra: de capital nacional, sembró 6.500 hectáreas de caucho.

ü  Sapuga S.A.: siembra palma de aceite en Puerto Gaitán, Meta, adelanta la siembra de 2.500 hectáreas en el resguardo de la comunidad indígena Wacoyo.

ü  Grupo Bioenergy-Ecopetrol: tiene sembradas unas 8.000 hectáreas de caña de azúcar.

ü  Ingenio Riopaila Castilla: comenzó a sembrar en el 2012 no menos de 2.000 hectáreas en palma.

ü  Fundallanura, una fundación que agrupa a  empresarios colombianos de la Altillanura colombiana.

Partimos de que la economía campesina, como la agroindustria  son necesarias para promover el desarrollo del país, para lograr la autosuficiencia alimentaria y eliminar la importación de más de 10 millones de toneladas de alimentos al año. Un Gobierno que logre la simbiosis articuladora  entre agroindustria y campesinado, habrá escogido la ruta de la verdadera reconciliación entre el Estado y el campesinado. Es urgente resolver los problemas de la propiedad de la tierra,  así quedó expreso en el primer punto del acuerdo parcial sobre Política de Desarrollo Agrario Integral.

La propuesta del Gobierno para la Altillanura, planteada en el Proyecto de Ley 223, es equivocada, enfrenta  a campesinos  e indígenas  y  los “neoterratenientes” dentro de un modelo de desarrollo agrario clasista y anti-soberano, además  le hace una finta tramposa al espíritu y a la letra de lo pactado en La Habana.

Jueves, 18 Junio 2015 00:00

Guerrillero anónimo

“De todo guerrillero depende el desarrollo de las FARC, no hay tiempo para perder; tenemos que entender que hemos nacido en un momento decisivo de muchas luchas, que tenemos la oportunidad de combatir o si es el caso morir por lo nuestro; de nuestro trabajo abnegado permanente depende  la duración del conflicto nacional.”
Comandante Jorge Briceño

Por las selvas y veredas de Colombia caminan, alumbrados por el día o abrigados por la oscuridad de la noche, hombres y mujeres que el mundo no conoce, aunque todos los días se escucha hablar de ellos. Son jóvenes, muchachos, de piel cetrina y caminar reposado, que hablan entre ellos en susurro y escuchan atentos todos los ruidos del entorno. Los árboles los miran pasar y les arrojan hojas para que su descanso sea muñido, les arrojan flores y el viento les refresca su cansada humanidad. El peso del fusil y los pertrechos, la cama, la ración de granos secos, la panela, los libros, la munición de reserva y explosivos, son sus valiosas pertenencias. Ellos son los guerrilleros, incognitos e ignotos, que llevan el ayer a cuestas y viven el hoy pensando en el mañana.

Por: Fidel Rondón, Delegación de paz FARC-EP


 Poco o nada recuerda el país los desacuerdos de la Mesa de conversaciones de La Habana; nosotros sí. El planteamiento de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente no solo evoca un mecanismo constitucional para refrendar los acuerdos, sino para tomar la única herramienta temprana que tiene la Mesa para dirimir los profundos desacuerdos que separan a las FARC-EP del Gobierno Nacional. El rechazo para abordar las Salvedades dentro del marcodel Acuerdo General, se convierte en un gran obstáculo para la firma del Acuerdo Final. Es que las causas que generaron el conflicto armado en Colombia reposan adormiladas en el congelador de la sede de los Diálogos.

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