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La Corporación Solidaridad Jurídica, organización defensora de derechos humanos, emite ALERTA y DENUNCIA PUBLICA pública ante los organismos de derechos humanos y ante la comunidad nacional e internacional ante los siguientes:

HECHOS

1. El prisionero político de las FARC-EP ARNOLDO GUILOMBO PERDOMO TD, 88118, Cedula de Ciudadanía 1075251359 NUI 310294, quien actualmente se encuentra recluido en la Penitenciaria La Picota de la ciudad de Bogotá en el patio 4. Desde hace aproximadamente dos meses viene presentando síntomas de dolor abdominal de manera permanente.

2 El 15 de agosto de 2016 nuestra organización recibe comunicación de los voceros de los prisioneros políticos del patio 4 del penal de La Picota quienes de manera preocupada nos manifiestan que su compañero se encuentra manifestando síntomas de profundo dolor abdominal.

3. Aseguran que al prisionero político Arnoldo Guilombo Perdomo le han hecho en sanidad exámenes de sangre, orina y coprológico, según los resultados solo le encontraron triglicéridos y colesterol, el 4 de agosto de 2016 le ordenaron examen de ecografía abdominal y no ha sido remitido.

4. Nos preocupa que los síntomas de este prisionero son similares a los que presentaba el interno Juan Camilo Becerra quien desafortunadamente falleció ante la negligencia médica y la inoportuna atención médica.
5. El día de hoy nos informan que su estado salud se ha deteriorado, presentando fuertes dolores y situación que se ha informado a la guardia sin que se tomen las medidas de auxilio y atención medica respectiva, encontrándose en estado de abandono en el patio 4, mientras sus compañeros de reclusión insisten ante las autoridades de la reclusión en que sea trasladado a un centro de salud de inmediato.

CONSIDERACIONES

La situación a la que es sometida el prisionero político Arnoldo Guilombo Perdomo constituye una violación a la dignidad humana y una amenaza a sus derechos humanos a la vida e integridad física, por lo que tememos que por negligencia médica sufra una pérdida considerable de sangre que pueda causarle la muerte.
En lo corrido del año, hemos conocido de 6 casos que culminan lamentablemente con el fallecimiento de las personas privadas de la libertad por negligencia médica y omisión a la garantía de protección de los derechos a la vida y a la salud en cárceles y penitenciarias colombianas, recordemos el más reciente que hace 8 días causo la muerte del prisionero Juan Camilo Becerra en la cárcel La Picota
Responsabilizamos al Estado Colombiano, en cabeza del INPEC, la USPEC, FIDUPREVISORA, CONSORCIO SALUD PPL, MINISTERIO DE JUSTICIA por las vulneraciones a los derechos humanos cometidas contra el prisionero político Arnoldo Guilombo Perdomo y las consecuencias que se deriven de ellas por negligencia médica y omisión al deber de protección a la que es sometido.

SOLICITUDES

1. Que el INPEC de manera INMEDIATA traslade al prisionero político Arnoldo Guilombo Perdomo a un centro hospitalario donde reciba la atención y observación médica debida que garantice sus derechos a la salud y a la vida.

2. Que los Órganos de Control en materia de DDHH, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, intervengan con carácter urgente y verifiquen la grave situación de salud que padece el prisionero político Arnoldo Guilombo Perdomo, a fin de proteger sus derechos fundamentales e iniciar las investigaciones a que haya lugar contra los funcionarios del INPEC involucrados en estos hechos.
3. Que la Fiscalía General de la Nación investigue penalmente a los funcionarios y autoridades responsables de la atención en salud de las personas privadas de la libertad que con su acción y omisión amenazan el derecho a la vida del prisionero político Arnoldo Guilombo Perdomo.
4. Que las Organizaciones Nacionales e Internacionales Solidarias y de Derechos Humanos respalden esta la Denuncia y envíen con urgencia sus pronunciamientos de apoyo.

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Este informativo se actualiza todos los domingos por el Canal NC 

Publicado en Informativo Insurgente
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El día viernes 8 de julio de 2016, fue trasladado el preso político de las FARC-EP Javier Quintero Echeverry, identificado con c.c. N° 9725163, TD 83968, NUI 872722; recluido en el patio 4 de la penitenciaría La Picota, con lo cual se cumplen las amenazas de personal de la Guardia, con que en días anteriores buscaban disuadir a este recluso para que desistiera de una denuncia contra miembros del INPEC envueltos en actos de corrupción.

Publicado en Hemos leido
Domingo, 17 Enero 2016 00:00

Sigamos fortaleciendo la confianza

Cabezote escudo delegacion paz farc ep


La Habana, Cuba, enero 17 de 2016, año de la paz

El 12 de julio de 2015, hicimos público un documento titulado “Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia”, del que se desprendió un plan de trabajo en el que se incluyeron medidas de construcción de confianza, entre las que se encuentran, la implementación del proyecto piloto de descontaminación y limpieza del territorio de artefactos explosivos; la protección de sindicalistas, defensores de los derechos humanos, dirigentes sociales, políticos y campesinos; medidas para la búsqueda, ubicación, identificación y entrega de personas desaparecidas, e identificación de restos de fallecidos en el marco del conflicto; el mejoramiento de las condiciones carcelarias de guerrilleros privados de la libertad y de los sindicados o condenados por colaborar con las FARC-EP, lo mismo que la revisión de su situación jurídica, y la realización de actos de reconocimiento de responsabilidades de todas las partes, entre otras.

 


Las FARC-EP, en comunicado leído por el comandante Sergio Marín, denunció ante la opinión pública la falta de interés y voluntad del Gobierno colombiano para materializar gestos de paz basados en el respeto a los Derechos Humanos, refiriendose específicamente a la difícil e inhumana situación de los prisioneros de guerra de las FARC-EP en las cárceles del país.

La Corporación Solidaridad Jurídica, organización defensora de los derechos Humanos y del D I H, emite denuncia pública ante los organismos de derechos humanos y ante la comunidad nacional e internacional contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) por las atroces agresiones físicas cometidas los días 24 y 25 de diciembre contra los prisioneros de guerra en las cárcel de Arauca. La permanente violación de los derechos humanos por parte de la guardia de custodia y vigilancia hacia los prisioneros políticos y de guerra ha sido una constante por parte del INPEC quienes incurren en tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, esta vez en la EPMSC ARAUCA contra prisioneros y familiares.

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