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Domingo, 29 Noviembre 2015 00:00

LOS PRISIONEROS POLÍTICOS EN LIBERTAD SERÁN GARANTÍA DE NO REPETICIÓN

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Por: Fidel Rondón, Delegación de paz FARC-EP

Para avanzar en los caminos de la paz vivimos una necesidad de amnistía e indulto total para los combatientes de la insurgencia y civiles víctimas de persecución política y montajes judiciales, privados de la libertad. La actual coyuntura del proceso de paz de La Habana sobre el fin del conflicto, y la decisión presidencial de empezar a conceder indultos y tratamiento penitenciario diferencial a los prisioneros , abre el debate sobre ésta categoría de personas privadas de la libertad por sus convicciones políticas: Prisioneros de Guerra, Prisioneros de Conciencia y Prisioneros víctimas de montajes judiciales. Una cuestión ineludible para el proceso de paz.

La doctrina contrainsurgente y de persecución del “enemigo interno” y la táctica policiva y militar para su desarrollo, ha llenado las cárceles, ante todo, de colombianos no combatientes, protagonistas de la protesta social y en menor cantidad, de combatientes guerrilleros a quienes se les aplica, en el mejor de los casos, el castigo penitenciario por ser autores de algún delito contra el régimen constitucional y legal, tipificados como rebelión, sedición, asonada, conspiración, seducción y retención ilegal de mando. Para ser francos, es a los colombianos acusados de colaborar con las FARC-EP a quienes se les aplica lo anterior y los escasos delitos conexos vigentes. A los guerrilleros capturados les aplican el resto del código penal.

Siendo así, hay una línea muy notoria que separa a combatientes de los no combatientes, que la Ley no nota y que soldados y policías desconocen y pisotean en su lucha en defensa de las instituciones del Estado. El uso de las armas, el levantamiento armado, es práctica que separa a colombianos combatientes, miembros de la guerrilla alzados en armas, contra el régimen vigente y sus instituciones,de los civiles no combatientes,opositores políticos, activistas, líderes sociales, populares, sindicales, estudiantiles, y campesinos habitantes de zonas rojas estigmatizados como auxiliadores de la guerrilla, todos ellos sí, dentro del contexto del conflicto social interno.

Es exabrupto presidencial el de indultar a civiles no combatientes y éstos obligados por la necesidad los aceptan por conveniencia. Es una típica “colombianada”, un yerro propio de la identidad patibularia estatal que castiga por igual la protesta social y la lucha guerrillera. En tal indefinición desaparece el concepto de delito político propio de la insurgencia, que no puede existir sin las armas, y atrae hacia su órbita a aquella población no combatiente acusada de terrorismo, rebelión, concierto para delinquir, y demás, empujada por las circunstancias del fin del conflicto a aceptar cargos, cuando nunca fueron actores armados dentro del mismo.

El punto sobre el fin del conflicto, entendido como un proceso integral y simultáneo en sus siete subpuntos, implica en una de ellas al Gobierno Nacional para que coordine la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesados o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC‑EP. De este marco conceptual se deriva que a la terminación de las hostilidades, la amnistía para los guerrilleros únicamente estará condicionada a la finalización de la rebelión.

En este otorgamiento de la amnistía “más amplia posible”, extensiva a los civiles presos por rebelión, entre otros delitos amnistiables e indultables, es donde deberá ocurrir la certificación de pertenencia de los guerrilleros a la organización, además de civiles procesados o condenados por colaborar con la guerrilla.

Devolverle la naturaleza al delito político será una consecuencia del proceso de paz. Cesada dicha naturaleza desde 1997 por acción interpuesta ante la corte por militares y ex militares por inconstitucionalidad del artículo 127 del Código Penal del 80, donde estaba la única norma del estatuto penal que regulaba los delitos conexos con el delito político, cuya aplicación conducía a que los delitos comunes cometidos por la guerrilla en combate fueran subsumidos dentro de la rebelión. La Corte Constitucional desconoció en su momento que la conexidad es una consecuencia del delito político.

Finalmente, para bien del proceso de paz que se construye, el componente de justicia que se acordare en la Mesa de conversaciones de La Habana, deberá aplicarse a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto, a los incursos en el delito de rebelión u otros relacionados con el conflicto, aunque no empuñen las armas. Como van las cosas los principales beneficiados de los indultos tempranos y de la ley de amnistía en un futuro cercano será el pueblo encarcelado no combatiente y los verdaderos guerrilleros que sin ser pocos son una minoría. Para unos y otros recibir los beneficios de suspensión de la pena o cesación procesos debe ser un compromiso de garantía de no repetición, ser constructores del proceso de paz desde sus espacios vitales y así contribuir a resarcir el derecho de las víctimas, que al fin de cuentas están en el centro del Acuerdo.


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Fidel Rondón

Columnista del Jueves
Integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP

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