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Sábado, 22 Agosto 2015 00:00

Alto a las victimizaciones

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La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, agosto 22 de 2015

En pronunciamientos anteriores hemos insistido en que debe haber coherencia entre los propósitos trazados en el compromiso de agilizar la conversaciones en La Habana y desescalar el conflicto en Colombia. Y aunque las FARC-EP han puesto todo su empeño en ello, ha faltado correspondencia y mayor compromiso por parte del Estado. Resaltemos que aunque hemos actuado con absoluta transparencia y rigor en el cumplimiento del cese unilateral de fuegos, las operaciones por tierra han ocasionado muertes, capturas y heridas a guerrilleros y guerrilleras en distintos lugares del país, poniendo en riesgo la tregua y el buen desenvolvimiento del proceso de paz. La posición de dialogar sin que paren los combates, es una formula condenada al fracaso.

Difíciles circunstancias para adelantar las conversaciones se precipitan cuando se advierte que simultáneamente con el despliegue de las agresiones contra la insurgencia, se incrementan las amenazas, persecuciones, encarcelamientos, asesinatos y todo tipo de hostilidades contra las dirigencia popular, defensores y defensoras de derechos humanos y el movimiento social colombiano en general.

Recientemente el XI Informe de la Delegación Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos en Colombia, 2015, daba noticia documentada de que “Colombia sigue inmersa en una situación de conflicto social y armado. El país está lejos de vivir una situación de posconflicto o de normalidad en Derechos Humanos. La mayoría de las recomendaciones hechas al gobierno y los compromisos asumidos en Derechos Humanos siguen sin cumplirse”.  Se señalaba en el contexto de sus datos la aplastante responsabilidad del Estado, agregando que “se mantienen los ataques contra sindicalistas, personas que defienden los Derechos Humanos, periodistas, opositores políticos y opositores de los proyectos mineros, energéticos y agroalimentarios de las multinacionales”. Se decía que “continúan las violaciones del DIH, las violaciones del principio de distinción y la utilización de bienes de la población civil en el conflicto armado...; la gran mayoría de los delitos quedan impunes y subregistrados, como en el caso de la desaparición forzada de personas, la violencia sexual y la tortura”, entre otros graves indicadores que incluyen el incremento del paramilitarismo, los abusos del ejército y la voracidad de las trasnacionales.

Ahora, entre otros varios testimonios que dan fe de la crisis humanitaria que persiste, se ha conocido el informe “Los Nadie”, presentado por el programa Somos Defensores, en el que se describe la dramática realidad que sufren los defensores y defensoras de derechos humanos, condenados al sacrificio diario en un escenario en el que pareciera ponerse de manifiesto la connivencia del régimen con los victimarios.

Se ha constatado por diversas fuentes independientes, por ejemplo, que en los primeros seis meses de este año, 34 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas, y que durante los cinco años de gobierno de Juan Manuel Santos el número asciende a 317. Pero además, los informes apuntan que se han registrado al menos 1480 amenazas y 196 atentados, con el agravante de que, según lo dicho por el Programa Somos Defensores en su informe semestral enero-junio de 2015, “la Fiscalía General de la Nación tiene una decidida falta de voluntad política y administrativa para dar con los responsables de las agresiones contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia; pero en contraposición, se evidencia una marcada y decidida celeridad y efectividad de esta institución y sus cuerpos investigadores para JUDICIALIZAR Y CRIMINALIZAR a los defensores de derechos humanos y sus acciones cuando son acusados de diversos delitos”.

Con absoluta disposición de sacar adelante las conversaciones, hasta alcanzar la firma del Acuerdo Final, como insurgencia decimos que se debe poner freno ya a la generación de más víctimas.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP


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