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Lunes, 22 Junio 2015 00:00

Combatientes, víctimas y Comisión de Esclarecimiento

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El acuerdo sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición del pasado 4 de junio de 2015 constituye un importante avance en la Mesa de Conversaciones y una garantía para las víctimas del conflicto.

Por vez primera en Colombia se crea un escenario para el establecimiento colectivo de la verdad sobre nuestro conflicto en el que participe toda la ciudadanía y se establezcan responsabilidades múltiples sobre los sucesos acaecidos. Es una oportunidad histórica para esclarecer esta tragedia nacional que cumple ya más de medio siglo y, al tiempo, develar las responsabilidades sobre las más graves situaciones ocurridas durante el desarrollo del mismo.

Importante aspecto dentro del acuerdo sobre dicha Comisión lo constituye la consideración de los combatientes como víctimas del conflicto. En el Mandato de la Comisión se puede leer lo siguiente:

“La Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de:
(…)
- El impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como combatientes y sobre sus familias y entornos.
(...)”.

¿Qué importancia puede tener lo anterior? En un conflicto extenso, los combatientes de las partes en conflicto y sus entornos sufren en carne propia todas las graves consecuencias que implica la confrontación bélica.

Desde la orilla rebelde de las FARC-EP conocemos de primera mano lo que esto implica. Miles de guerrilleros y guerrilleras llegaron a filas después de que la persecución política del Estado afectara gravemente a sus familias (asesinatos selectivos, desapariciones, amenazas, etc.).

Así mismo, miles de familiares de camaradas han sido objeto de similares crímenes estatales por el simple hecho de su consanguinidad con un rebelde. Esto pueden certificarlo incluso integrantes de la misma Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana.

Sin embargo, ha existido una larga tradición de invisibilización de la condición de víctimas a los y las combatientes insurgentes y sus familias. Así lo testifica la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) cuando señala que se comprende como víctima a:

“(...) aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad. Para los efecto de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no será considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1 de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas. (…)”

Esta definición, que invisibiliza las circunstancias de victimización de los y las combatientes guerrilleros, es una talanquera para una real solución no militar del conflicto. ¿Por qué? Porque traslada la asimetría de nuestro conflicto al plano jurídico, generando una casuística que no ayuda a la reconciliación.

Por ejemplo, no serían víctimas del conflicto los militantes de la Unión Patriótica que tuvieron que abandonar la actividad política legal e ingresaron a las FARC-EP después de que sus familias y entornos fueran gravemente victimizados. E, igualmente paradójico, los familiares sobrevivientes de estos mismos guerrilleros y guerrilleras resultarían víctimas de las FARC-EP y no del Estado.

Indudablemente este punto de partida no resulta el mejor para un efectivo cierre del conflicto que ponga en el centro a las víctimas ocasionadas por este. A tal punto que la misma Corte Constitucional al analizar la mencionada ley en su sentencia C-253A de 2012 planteó:

“De la delimitación operativa que se hace en la ley no se desprende que quienes no encajen en los criterios allí señalados dejen de ser reconocidos como víctimas. (...)”

Declaración de principios importante que, en su desarrollo ulterior, poco o nada se ocupa de la situación de los rebeldes víctimas del conflicto y sus familiares. De nuevo, el silencio sobre nuestra situación y nuestra historia es convertido en verdad jurídica.

Es precisamente contra ese silencio que la Comisión de Esclarecimiento da un enorme paso adelante hacia el real reconocimiento de las víctimas. Pero de todas las víctimas. Su mandato cobija la integralidad del duelo nacional. Y allí estaremos los y las combatientes y nuestras familias, trayendo nuestros relatos de dolor, esclareciendo la verdad y aportando a la reconciliación. No podremos llegar a un país en paz sin que esta historia de la otra Colombia sea pública y reconocida.


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Lucas Carvajal

Integrante de la Delegación de Paz FARC-EP

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