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Domingo, 22 Marzo 2015 00:00

Saludo al segundo encuentro nacional “COALICION LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”

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Saludo al segundo encuentro nacional
“COALICION LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”
 
Por: Iván Márquez, jefe de la Delagación de Paz de las FARC-EP

Saludamos a los integrantes de la Coalición larga vida a las Mariposa, a todos los que asisten a su Segundo Encuentro Nacional, y por su intermedio a todos los hombres y mujeres prisioneros de guerra, presos políticos y de conciencia y presos por delitos de pobreza.

De nuestra parte, las siguientes reflexiones en gran medida inspiradas en el sentir de las organizaciones defensoras de Derechos humanos y en el pensamiento humanista del sacrificado jurista y dirigente popular Jaime Pardo Leal, víctima de la guerra sucia en Colombia:

1. El delito político es exactamente el enfrentamiento contra el orden institucional del Estado y contra los poderes públicos que lo sustentan, y sin duda, al igual que la lucha de clases, ha sido uno de los motores de la historia.

2. El delito político ha existido siempre y es expresión del momento culminante del enfrentamiento entre la clase dominante y la emergente, quienes disputan el dominio del Estado y se alzan contra las instituciones imperantes, para ser remplazadas por otras que se consideran más avanzadas, más acordes con el proceso progresivo de transformación y evolución de la sociedad.

3. Cada vez que hay una resistencia contra cualquier forma de opresión, y la resistencia se transforma en acción bélica armada, estamos frente a un delito político.

4. El delito político es un concepto convencional que encierra acciones legítimas de la rebeldía, que viene aparejado siempre de un sistema jurídico legislativo, útil para la propia clase dominante en cada momento, que luego, a pesar de que antes fue víctima de esos preceptos represivos, lo revive cuando tiene que confrontar a una nueva clase que pugna con ésta por el control político y social de la sociedad.

5.Pero para el caso colombiano, la nueva rebelión armada iniciada en los años 60 del siglo XX, se lleva adelante a través de FARC y de otras organizaciones alzadas, como el ELN -los infractores políticos de esta época- que sistematizan la insurgencia, la rebelión, con la propuesta de asunción al poder para el pueblo.

6. La Constitución de 1991 plasma normas sobre el delito político reconociendo la posibilidad de un trato favorable al prever amnistías o indultos para los rebeldes, pero a lo largo de estos veinte años Gobierno, Congreso, Fiscalía y gran parte de la Judicatura, han trabajado para negarnos tal condición de alzados en armas y por lo tanto para negarnos ser acreedores de medidas que se han advertido como medios eficaces para encaminar procesos de reconciliación nacional.

7. De los más de 2.000 rebeldes encarcelados en nuestro país, únicamente 125 lo han sido por el delito de Rebelión, siendo la mayoría de las condenas por otros delitos, obviamente conexos a esta.

8. Las actuaciones vinculadas a la rebelión son los denominados delitos conexos, y deben ser incorporadas en su complejidad al delito político, siendo tan amplia su consideración y alcance, como debe serlo en consecuencia la amnistía general y las medidas de indulto que se deben otorgar en el proceso de paz que Colombia viene adelantando desde hace 3 décadas, con intermitencias que lo han agudizado.

9. Las FARC-EP rechazan el denominado Marco Jurídico para la Paz creado de manera unilateral por el gobierno mediante el Acto Legislativo 01/2012, que ha derivado en una inmensa enredadera o maleza jurídica, que reduce el fin del conflicto armado interno a una mera cuestión judicial.

10. Condicionar el éxito del proceso de paz a un prefabricado encarcelamiento de la dirigencia guerrillera, que desconoce el derecho a la rebelión, además de conculcar el principio de presunción de inocencia, es un supuesto no conocido ni sentado con anterioridad en ningún proceso de paz de los habidos en el mundo, mientras pervive la impunidad de la oligarquía, la clase política del bloque de poder dominante como supremos determinadores y responsables de los crímenes cometidos durante más de 50 años en Colombia, para su mayor enriquecimiento.

11. Los Diálogos de Paz de La Habana deben generar nuevo Derecho, atendiendo a las especificidades del conflicto armado colombianoen aras de su finalización.

12. La implementación de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe Vélez en el periodo 2002-2010, tuvo como consecuencia la criminalización de la protesta social y del pensamiento político bajo la idea de lucha contra el terrorismo, lo que produjo el aumento del número de personas detenidas en las cárceles colombianas, mediante mecanismos como las capturas masivas o los montajes judiciales, y el aumento de las penas de los delitos.

13. La población reclusa en el país crece constantemente. De 60.175 personas internas en junio de 2007, se pasó a 81.486 en julio de 2010, de las cuales, 5.331, eran mujeres.

Según el Informe INPEC 2015, al mes de febrero de este año, en Colombia se registraba 163.112 personas privadas de la libertad. De la población reclusa a cargo del INPEC, 118.059, se encontraban recluidas en los ERON, 36.924 en domiciliaria, y 4.342 con control y vigilancia electrónica.

Según cifras manejadas por las organizaciones de solidaridad con los presos políticos, en el año 2014, se estima que hay más de 7.000 personas detenidas por razones políticas.

14. En cuanto a la situación jurídica de la población carcelaria y penitenciaria en febrero 2015, 42.412 internos se encontraban en calidad de sindicados, de ellos, 39.166 hombres y 3.246 mujeres. La población en situación de condenada registró un total de 75.647, de lo cual 4.934 son mujeres.

La existencia en 2015 de 42.412 personas sindicadas en situación de reclusión (prisión preventiva, sin condena), más del 35% de la población detenida, evidencia el abuso que se hace en el país de la detención preventiva, incumpliendo las recomendaciones internacionales, y haciendo que la situación de hacinamiento y de infracción de los derechos humanos de los reclusos se agrave.

15. El elevado número de personas privadas de la libertad ha desbordado por completo la capacidad del sistema carcelario y penitenciario, no solo en la infraestructura, sino también en la parte administrativa y jurídica, realidad que llevó a la Corte Constitucional a declarar el estado de cosas como inconstitucional en 1998.  

Situación que aún no ha sido superada, diecisiete años después de la promulgación de la sentencia T-153 que se refiere al asunto en términos de flagrante violación a los Derechos Humanos.

Este estado de cosas inconstitucional se ha puesto de manifiesto nuevamente por la Sentencia de la Corte Constitucional T-282, de mayo de 2014, sobre la prisión La Tramacúa en Valledupar, que ordena al INPEC garantizar a los reclusos derechos humanos tan básicos como “el suministro y acceso al agua potable en cantidades suficientes de dignidad y garantía de higiene, la investigación de las conductas de la guardia del plantel que puedan ser catalogadas como tortura o penas y tratos crueles inhumanos y degradantes, la garantía de la atención médica necesaria y de apoyo jurídico a los reclusos, encaminada principalmente a revisar las denuncias existentes por malos tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes”.

16. En esta intervención hemos puesto el acento en la rebelión, pero, la mayoría de los presos políticos en Colombia son civiles encarcelados bajo montajes judiciales: sindicalistas, periodistas, académicos, estudiantes, ambientalistas, campesinos recluídos para silenciar su reivindicación social, desintegrar la organización política, y callar el pensamiento crítico. La práctica represiva de los encarcelamientos arbitrarios sigue recrudeciéndose. El 90% de los presos políticos son civiles, los presos políticos y de guerra de las organizaciones políticas militares FARC y ELN, son aproximadamente el 10% del total de presos políticos.

17. Sobre prisioneros políticos y población reclusa, las FARC-EP han presentado a la Mesa de Conversaciones de La Habana múltiples iniciativas, referidas a lo siguiente:

a) La definición amplia del delito político y la lógica conexidad de delitos comunes.

b) La posibilidad de aplicación de amnistías generales e indultos no condicionados, apuntando a lograr los siguientes alcances:

- Para los casos de condenas o procesos abiertos por rebelión o delitos conexos, debe procederse al indulto incondicional o preclusión definitiva.

- Para los casos de miembros de las FARC y del ELN en los que existen evidencias de procesos y condenas por delitos comunes que no se han reconocido en conexidad o subsumibles en la rebelión, se deberán anular las condenas por delitos comunes o precluir definitivamente procesos abiertos o subsistentes.

- El Gobierno procederá a indultar incondicionalmente a las personas que por concepto de las protestas sociales o su activismo político han sido condenadas por rebelión u otros delitos. Se procederá a cesar toda acción penal contra quienes estén siendo procesados por estos mismos asuntos. En estos casos debe haber preclusión definitiva.

- Mientras se tramitan las respectivas medidas de amnistías e indultos correspondientes, se procederá a la suspensión de condenas.

c) Sobre el respeto a los derechos humanos de la población reclusa:

- El Gobierno nacional tomará medidas de urgencia que hagan efectivo el respeto pleno a los derechos humanos de los reclusos, comenzando con ponerle fin al inhumano hacinamiento, emprendiendo el mejoramiento de las condiciones de reclusión, mejoras en la alimentación, el suministro permanente de agua de calidad, los servicios higiénicos y sanitarios y todo lo que respecta a la atención integral de la salud, no sólo para presos y prisioneros políticos, sino también para presos comunes o por delitos de pobreza.

- El Gobierno garantizará el acceso a publicaciones y medios alternativos de comunicación, incluidas conexiones a Internet, así como traslados administrativos para garantizar y facilitar las visitas familiares de los prisioneros. Deberá garantizarse la reagrupación de los presos políticos en secciones y patios separados de presos condenados o procesados por pertenencia a grupos paramilitares o al crimen organizado.”

18. El 6 de marzo de 2015 presentamos a la Mesa de Conversaciones el documento “Propuestas de las FARC-EPy de la sociedad colombiana para la construcción de una nueva Colombia sin víctimas”,en la que incluimos:

- Anulación o revisión de las condenas injustas que han resultado de procesos judiciales o disciplinarios llevados a cabo sin respetar el debido proceso, en especial aquellas emitidas en contra de defensores de derechos humanos, activistas sociales y políticos…

- Derogación de la actual Ley de Seguridad Ciudadana

- Indulto de las condenas y sanciones impuestas por colaboración con las FARC-EP o con otras organizaciones guerrilleras.

- Medidas de fortalecimiento de la Justicia y derogación de legislación aprobada en desarrollo del Derecho Penal del Enemigo: Depurar, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales y disciplinarias, la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, los cuerpos auxiliares de la Justicia y de Policía Judicial, de aquellos servidores públicos involucrados, por acción u omisión, en graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o en grupos y actividades paramilitares, o que hayan promovido la impunidad de estos crímenes o de los grupos y actividades paramilitares.

- Reforma de las normas del proceso penal para garantizar juicios en igualdad de condiciones para todos los justiciables.

- Reforma integral y humanización del sistema penitenciario. Cárceles iguales para todos los presos sin distinciones, con estándares dignos de habitabilidad, salubridad y atención social.

- Los agentes del INPEC denunciados o investigados por violaciones de derechos humanos de los presos o de sus familiares deberán ser apartados del servicio hasta que concluya la investigación y deberán ser retirados de la institución en caso de ser condenados.

- Amplias leyes de amnistía e indulto para rebeldes, colaboradores de la rebelión y dirigentes políticos y sociales encarcelados, conforme a lo establecido en el artículo 6.5 del Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra de 1949.

- Reconocimiento constitucional e incorporación a la Carta Magna del Derecho Humano a la Paz como derecho síntesis.”

Con las banderas en alto por la libertad de Simón Trinidad y de todos los revolucionarios de Colombia y el mundo, nos despedimos con un abrazo fraternal.

Delegación de paz de las FARC-EP


 

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