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Lunes, 08 Noviembre 2004 23:28

Álvaro Uribe, un agente fiel del gran capital

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«El Presidente anunció que expropiará las tierras a los campesinos pobres. El principal obstáculo para la realización de sus propósitos son las FARC-EP»

Por Gabriel Ángel

Se ha hecho tradición que un número importante de estudiosos del tema se refiera a la implementación paulatina en nuestro país de una verdadera contrarreforma agraria. Su aserto se funda en el concienzudo análisis de las crecientes cifras sobre concentración de la propiedad rural. Según éstas es claro que con el desbordamiento del fenómeno paramilitar y el consiguiente desplazamiento masivo de centenares de miles de colonos, poseedores y dueños de pequeños y medianos predios en diversas zonas del país, se aumentó en forma escandalosa el monopolio de la tierra por parte de un grupo cada vez más reducido de propietarios agrícolas, a los cuales se ha identificado en diversas oportunidades con actividades de narcotráfico.

Esta última conclusión resulta satisfactoria para muchos, especialmente para aquellos que desde las alturas del poder se encargan de mover los hilos del proyecto paramilitar. Colombia aparece como un país víctima de las grandes mafias que a más de enlodar el buen nombre de la nación, incorporan a ésta problemas como los mencionados, muy seguramente movidas por el afán de lavar dineros provenientes de su actividad ilícita. Con esa explicación a la mano son ya numerosos los gobiernos que han exhibido como prioridad de su agenda la lucha contra el flagelo de las drogas prohibidas, lo que permite a las clases dominantes hacer alarde de la reiterada preocupación oficial por combatir a los agentes generadores del problema.

Las cosas sin embargo no son tan sencillas, es mucho lo que se esconde tras ese fácil expediente justificativo. Y desde luego las clases dominantes no salen  tan libres de culpa. La reciente declaración de Uribe Vélez en el municipio del Carmen de Chucurí, arroja una luz esclarecedora y definitiva sobre el asunto. Comenzando por el lugar escogido para producirla. Hace ya una docena de años que esa localidad se convirtió en el más poderoso fortín paramilitar del departamento de Santander. Los asesinados, desaparecidos y desterrados ascendieron a miles. Pues bien, allí, el Presidente de la República anunció que su gobierno expropiará los predios en los que los campesinos siembran cultivos ilícitos, y que meterá  a éstos en la cárcel sin más contemplaciones.

Otra vez el velo del narcotráfico para esconder realidades bien difíciles de ocultar. El régimen muestra diariamente al mundo su enorme empatía con los jefes paramilitares, responsables de los más repudiables hechos de sangre que recuerde la historia nacional. Y se ha hecho público también el inocultable nexo entre estos personajes execrables y el negocio a gran escala de las drogas. Es evidente la inclinación presidencial por abrirles espacios políticos plenos en una suerte de alianza de intereses mutuos. El propósito expresado en El Carmen de Chucurí viene  a refrendar la práctica de un largo proceso de despojo de la propiedad agraria, iniciado de manera experimental a fines de los años setenta en el Magdalena Medio y ampliado al resto del territorio nacional cuando su efectividad criminal quedó fuera de toda duda.

En nuestro país nunca hubo reforma agraria, la propiedad latifundista jamás fue tocada en forma significativa. Cuando quiera que se lo intentó, como en la segunda mitad del siglo XIX con la manumisión de bienes de manos muertas o en la primera parte del siglo XX con la ley 200 de 1936, los propósitos democratizadores terminaron estrellados contra el hecho de que la oferta de tierras fue aprovechada por otros sectores de las clases dominantes que se convirtieron también así en terratenientes y pasaron a engrosar las filas de la más rabiosa reacción política. Por eso mal puede hablarse de un proceso de contrarreforma agraria que haya logrado madurar en las dos últimas décadas.

Sería más acertado decir que el destierro campesino de las zonas de colonización revela una nueva composición clasista en la apropiación de la tierra, una afanosa vocación capitalista en el campo, un intento frontal por elevar el nivel de las fuerzas productivas en la agricultura y la ganadería, en la explotación de recursos naturales o en obras de infraestructura,  para ponerlas a tono con los requerimientos del mercado global que manejan a su antojo los poderosos consorcios financieros transnacionales. Lo que cuenta para los intereses del gran capital es que esa tierra se destine a la moderna producción agroindustrial de palma africana o caucho, a la exploración y explotación de proyectos mineros, a la ganadería intensiva tecnificada o al desarrollo de proyectos viales como la carretera panamericana en el Darién.

Los desplazamientos masivos de la población rural en Colombia han consistido en mucho más que un simple despojo de tierras a favor de los narcotraficantes, representan el efecto de la más espantosa expropiación, mediante métodos salvajes y por las razones más viles e infames, de la pequeña y mediana propiedad agropecuaria individual, en beneficio de la acumulación capitalista de la tierra. En manos del narcotráfico paramilitar esas tierras se dedicaron a la ganadería extensiva. Lo que intenta hacer Álvaro Uribe Vélez con su desprestigiado proceso de paz, es lograr un tránsito de la tenencia de la tierra, sin conmociones, entre los agentes criminales que hicieron posible su concentración y los consorcios inversionistas que movieron siempre los hilos detrás de la escena.

Y por eso se ha hecho repetitiva también la intención presidencial de repoblar con los asesinos a sueldo rehabilitados y sus familias, amplias zonas de frontera agrícola en Arauca, Casanare, Vichada, Guaviare, Vaupés y  el Meta. En lugar de campesinos independientes capaces de sobrevivir del modo que sea con la tierra que colonizaron, los nuevos propietarios requerirán suficiente mano de obra libre para explotar a sus anchas en sus empresas capitalistas. Las tierras que no fueron expropiadas por la campaña paramilitar lo serán ahora por cuenta de los ministerios de justicia y defensa. Lo más grave del asunto es que ya no se tratará de predios de colonización, casi siempre sin otro título que la posesión material, sino de las demás tierras ocupadas por los campesinos colombianos.

Uribe ha jugado desde sus tiempos de senador el papel de agente interesado del gran capital y sus maniobras. No puede ser coincidencia que después de haber llevado la voz cantante en el proceso de privatización del sistema de salud en nuestro país, siendo Presidente de la República, la Policía Nacional  descubra que una parte importante de los dineros recaudados por las ARS es destinada a la financiación de los grupos criminales de ultraderecha con los que él representa el sainete de un diálogo de paz. De igual manera, al publicar su intención de confiscar la propiedad rural a quienes el Estado jamás dotó de tierra ni ayuda para mejorar su producción económica y elevar su nivel de vida, pone de presente que no le inspiran el menor cuidado los derechos de los más humildes y sacrificados de entre los colombianos.

Por realidades de bulto como esas es que las FARC-EP sostenemos en alto nuestras armas y enfrentamos con dignidad la avalancha terrorista del régimen. Uribe sabe que la insurgencia armada constituye el principal obstáculo para la materialización feliz de sus propósitos. Y sabe que el apoyo popular con el que contamos indica la fuerza de nuestro arraigo en el alma del pueblo colombiano. Por eso se ensaña de tal modo en la persecución masiva en campos y ciudades. Pese al Plan Patriotas y a las operaciones de represión generalizada en el resto del país, las FARC-EP no cedemos un milímetro en nuestras aspiraciones de paz, democracia y justicia social. Antes bien, el fuego guerrillero, al calor de los combates y tras cada victoria silenciada por los medios, anuncia el paso de la Nueva Colombia que no da más espera.

Caño Paisa, 8 de noviembre de 2004


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Gabriel Ángel

Guerrillero Fariano, escritor revolucionario.

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