Luego la comisión de prensa de la Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana, anunció a los periodistas que a las 10 am ofrecerían una rueda de prensa en las instalaciones del PALCO. Algo extraordinario, pues estamos acostumbrados a las ruedas de prensa ofrecidas por las delegaciones siempre al finalizar los ciclos en las conversaciones.

Efectivamente, los comandantes Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Ricardo Téllez,  Marco León Calarcá y Jesús Santrich, iniciaron la exposición a las 10 am de un documento a través del cual las FARC-EP presentan su postura, todo un alegato jurídico frente al proyecto de ley de referendos que cursa en el Congreso de la Republica. Leer comunicado

Esta reacción por parte de las FARC-EP se desencadena ante la negativa del gobierno de conceder las garantías para que la Delegación de Paz enviara a Bogotá una representación que expusiera, de manera discreta, ante la Corte Constitucional la posición de las FARC-EP frente al mencionado proyecto de ley. 

En una clara evidencia del intento del gobierno colombiano por desarrollar los diálogos con la insurgencia sobre el principio de que él ordena y las FARC-EP obedecen, es por eso que viene hace rato poniendo en práctica iniciativas de índole jurídico y político, sin contar con la opinión de su contraparte. 

En la exposición ante la Corte, es decir, en la rueda de prensa, las FARC reconocen “la potestad de la iniciativa legislativa del gobierno, y de introducir al Congreso de la República propuestas de actos legislativos y leyes estatutarias”, pero dejan claro de manera respetuosa y terminante que los proyectos No 63 y 73 de 2013 actualmente en curso, no vinculan a las FARC-EP.

Con este procedimiento, como en anteriores, el gobierno adelantándose en los puntos de la Agenda acordada entre las partes, viene tomando decisiones de manera unilateral. 

El documento hace énfasis en el principio rector de los diálogos “nada está acordado hasta que todo este acordado”, al tiempo que deja el interrogante en la opinión pública sobre la verdadera intención del gobierno, del Estado en torno a la Paz.

Vale la pena resaltar, como pese a la respuesta negativa del gobierno, las FARC-EP, por medio de su  Delegación de Paz, no solo se dirigió al país y al mundo sentando su posición respecto a lo que considera inconveniente y salido de los acuerdos, sino que se dirigió directamente a la Corte Constitucional que sin lugar a dudas se verá en el deber moral de analizar la postura insurgente.

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