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Domingo, 08 Diciembre 2013 00:00

Sobre el segundo informe de la mesa de conversaciones. “Participación política”

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La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, Diciembre 8  de 2013

Como ya lo dimos a conocer el 6 de noviembre y lo hemos reiterado en el día de hoy en la actividad que conjuntamente hicimos ante la prensa hace unos minutos, el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, llegamos a un nuevo acuerdo respecto al cual se elaboró un informe conjunto que se le ha entregado a los diversos medios de comunicación para su difusión y conocimiento de todo el país.

Públicamente, desde la instalación de estos diálogos en la ciudad de Oslo, expresamos algo que aparece como una constante en el desenvolvimiento de los mismos, y es  que en La Mesa se enfrentan dos visiones muy adversas que buscan encontrar puntos de coincidencia. Por un lado, está el enfoque neoliberal de desarrollo del país, que en cabeza del gobierno prioriza los intereses de las trasnacionales, y por otro lado el enfoque de la insurgencia que enarbola las reivindicaciones de las mayorías, que por ejemplo, se manifiestan por una reforma agraria rural integral que concibe el campo con un enfoque territorial del desarrollo, dentro de la visión de que la naturaleza es un escenario de abrigo con el cual las relaciones deben ser de hermanación y no de depredación. En consecuencia, hemos precisado que para los sectores populares, el diálogo debe establecer las bases de la justicia social y de la democracia verdadera como única manera que permitiría el logro de la paz.

En esa búsqueda andamos cada día. Ahora estamos dando un paso más de avance con el documento borrador que hemos elaborado y que lleva por título “Participación Política: Apertura democrática para construir la paz”, lo cual expresa el propósito de fondo que se tiene en cuanto a abrir definitivamente las puertas a la necesaria democratización que requiere Colombia  para poder hacer el camino de la justicia social por el que debe transitar el nuevo país  en paz, que construyamos entre todos.

Hemos dicho que este es un asunto de toda la sociedad, que requiere de la participación de todos sin distinción; que en tanto la paz es un derecho y de un deber de obligatorio cumplimiento, su concreción no debe excluir a nadie.

Con esta visión, pero creyendo que falta más, mucha más presencia de pueblo en la Mesa, propósito que no debe ser una constante y no aplazarse su materialización para el momento de la refrendación, en desarrollo de este segundo punto, entre muchas tantas batallas libradas representando los intereses de las mayorías desfavorecidas, hemos hecho esfuerzos por lograr el compromiso Estatal de que se permita el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, y el robustecimiento de los espacios de participación para que el ejercicio de la participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo. El diseño de gran parte de esta tarea, deberá resolverse en eventos amplios, nacionales, que deberán convocarse para que sean las mismas organizaciones y movimientos sociales las que tracen los lineamientos para construir normas que les den pleno reconocimiento y garantías políticas, Así también está pactado que se proceda con la elaboración del tan postergado y necesitado estatuto de la oposición política, cuya elaboración debe ser obra consensuada de todos los partidos y contar con la participación también de los Movimientos y organizaciones sociales.   

Como ven, si estos que son asuntos que debieran estar resueltos en cualquier democracia liberal del siglo XXI, al menos en su apariencia formal, y no lo están, lo que nos muestra la realidad es que todo está por construirse. Lo que nosotros estamos haciendo es  empeñarnos en sentar  bases mínimas para que la firma e implementación del Acuerdo Final sea una realidad, y que si efectivamente se llega a ese escenario, ello contribuya a la ampliación y profundización de la democracia, de tal manera que en nuestra patria en algún momento se pueda decir que efectivamente la democracia y la justicia  existen, y así todos los involucrados en la confrontación podamos hacer dejación de las armas y proscripción de la violencia como método de acción política. Obviamente, esto que cuenta con nuestro compromiso y determinación, deberá contar también con el compromiso y determinación del bloque de poder gobernante, pues transitar a una nueva era con estas características requerirá de garantías plenas para quienes participen de la acción social y política, lo cual implica, indefectiblemente,  la desmilitarización de la sociedad y del Estado.

El gobierno ha comprometido su palabra en el propósito de la democracia, la justicia social y la paz, y para ello uno de los acuerdos parciales habla de que “se harán las revisiones y los ajustes institucionales acordados, que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, y de esa manera, hacer frente a los retos de la construcción de la paz”., lo cual indica que se estaría construyendo una nueva doctrina de convivencia social, en la que el ser humano y sus derechos fundamentales serían la prioridad, desechando con ello la práctica de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la posibilidad de que los grupos paramilitares sigan actuando, y la concepción  del enemigo interno.

Tal como hicimos en el punto sobre asuntos del desarrollo agrario y rural, de los foros que se convocaron para que participara la ciudadanía, derivamos las iniciativas principales que constituyen lo que denominamos como “Diez propuestas mínimas para el establecimiento de la democracia real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional”, que fue el material alrededor del cual giraron nuestras discusiones.

Al mismo tiempo y de manera convenida se debatió con la contra-parte sobre aspectos de la totalidad de la Agenda, tratando de encontrar aproximaciones respecto a asuntos referidos a la justicia relacionada con una etapa de transición, se tocó el tema de los cultivos de uso ilícito y la extradición como sometimiento de la soberanía política del país y, también, al tema de la refrendación, objetando la unilateralidad que estaba operando en el desenvolvimiento de la iniciativa gubernamental de referendo.

De manera especial hemos insistido en la integración de una comisión de Revisión y Esclarecimiento de la Verdad de la Historia del Conflicto Interno Colombiano que complemente el informe del Grupo de Memoria Histórica y dejamos establecidas claras reflexiones sobre el marco jurídico unilateral que pretende imponer el gobierno, el cual hemos descartado planteando la necesidad de su redefinición.

Los aspectos acordados se desplegaron en el siguiente texto de nomenclatura que da idea de los temas que fueron abordados: 2. Participación política:

Apertura democrática para construir la paz.

2.1. Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.
2.1.1.    Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general.
2.1.1.1.  Estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política.
2.1.2.  Garantías de seguridad para el ejercicio de la política. 
2.1.2.1.  Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
2.1.2.2.  Garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos.
2.2.  Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.
2.2.1  Garantías para los movimientos y organizaciones sociales.
2.2.2.  Garantías para la movilización y la protesta.
2.2.3.  Participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales.
2.2.4.  Garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad.
2.2.5.   Control y veeduría ciudadana.
2.2.6   Política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa.
2.3   Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local, de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
2.3.1    Promoción del pluralismo político.
2.3.2    Promoción de la participación electoral.
2.3.3    Promoción de la transparencia.
2.3.4    Reforma del régimen y de la organización electoral.
2.3.5.  Promoción de una cultura política democrática y participativa.
2.3.6    Promoción de la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono.
2.3.7    Promoción de la participación política y ciudadana de la mujer en el marco del presente Acuerdo.

Tema a resaltar es la inclusión de un punto específico sobre promoción de la participación política y ciudadana de la mujer, cuyo texto es el siguiente:

“El Gobierno Nacional y las FARC-EP rechazan cualquier forma de discriminación contra la mujer y reafirman que el aporte de las mujeres como sujetos políticos en la vida pública es vital para el fortalecimiento de la democracia y para el mantenimiento y el fomento de la paz. En la implementación de todo lo acordado en el punto 2 del presente Acuerdo se garantizará el enfoque de género, y se diseñarán y adoptarán  las medidas afirmativas necesarias para fortalecer la participación y liderazgo de la mujer, y en general para promover el cumplimiento de los anteriores propósitos. Lo anterior sin perjuicio de fortalecer el cumplimiento de los compromisos internacionales y las normas nacionales sobre el particular”.

Como parte de las medidas para promover el pluralismo en el marco del fin del conflicto, y con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y también como una medida de reparación y de construcción de la paz, acordamos la creación de zonas de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un número por definir de Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal (están pendiente por definir las zonas, el número total de curules y el número de períodos electorales para estas Circunscripciones).

Estas Circunscripciones serán adicionales a las circunscripciones ordinarias existentes. Contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos. Igualmente, las campañas contarán con financiación especial y acceso a medios regionales. Se establecerán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores.

Creemos muy importante resaltar que los desarrollos de varios de estos puntos están sintetizados de manera muy clara en el informe publicado. Por eso, recomendamos hacer una lectura reposada y profunda de todos los textos y ahondar el estudio de estos asuntos para desarrollar las iniciativas que permitan llevarlos a realización, porque solamente la acción del pueblo en la calle, levantando su voz, exigiendo, puede hacer posible su materialización y la permanencia del proceso de paz hasta la firma de un Acuerdo Final que beneficie a las mayorías.

En todos estos asuntos, nuestra fuente de inspiración han sido las iniciativas ciudadanas, como bien se puede contemplar al revisar el conjunto de nuestras propuestas.

Con este procedimiento, estamos cumpliendo con lo establecido en el punto 3 del numeral VI del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012, en el que existe el compromiso de ir dando a conocer los avances del proceso a fin de garantizar transparencia.

No se plasman en el documento, porque está pactado no hacerlas públicas, las discusiones suscitadas entre el 11 de junio y el 6 de noviembre que fue el tiempo durante el cual se desarrollaron los debates referidos al segundo punto de la Agenda sobre Participación Política; de tal manera que en el resumen de 10 páginas que se publica, solamente se incluyen aspectos fundamentales de lo avanzado en este segundo acuerdo parcial, que en su total cuenta con 20 cuartillas y 14 salvedades de las cuales también habrá momento de hablar más adelante.

Así las cosas, consideramos que los próximos informes, deberán recoger además de los nuevos avances que se concreten, otros aspectos de lo que aún no se ha hecho público y, seguramente, el conjunto de las salvedades respecto a las cuales las partes tienen posiciones definidas, obviamente contrarias, pero sobre las cuales está acordado volver.

En tanto todas nuestras propuestas se han referido al propósito de alcanzar la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, se puede precisar que las salvedades conciernen a lo mismo; aluden a lo que públicamente hemos sustentado retomando las iniciativas ciudadanas sobre reestructuración del Estado y reforma política en función de la expansión democrática, a favor de la soberanía y fortalecimiento de la democracia directa, la reconversión de las Fuerzas Militares hacia esos propósitos, reforma económica, reforma de la rama judicial que libere a la justicia de su politización y corrupción y le devuelva su independencia como rama del poder, etc. Varias de las salvedades tienen que ver con iniciativas para superar la miseria y la desigualdad en el escenario urbano, la revisión, reforma y democratización del sistema político-electoral, proscripción del tratamiento militar a la movilización y la protesta. (Incluyendo el desmantelamiento del ESMAD, y revisión y modificación de las leyes de seguridad ciudadana). Aspectos todos que no pueden quedar por fuera de un Acuerdo de paz serio y duradero.

Y finalmente, debemos decir que abordado el tercer punto de discusiones en este ciclo 17 que concluye, hemos dejado claro nuestro planteamiento de que el problema de los usos ilícitos de la coca, el asunto del narcotráfico y los problemas de salud pública que  se deriva del consumo de drogas, deben tener una solución que involucre a las naciones del mundo, pues se trata de un fenómeno que genera afectación global y de tal magnitud, entonces, debe ser su tratamiento. Las FARC, particularmente, nos oponemos a las soluciones militares y estrictamente punitivas y represivas que, sobre todo se les da a los eslavones más débiles de la cadena, que son los empobrecidos cultivadores de hoja de coca y los consumidores de drogas. Con énfasis reiteramos que este es un problema social del que como negocio se lucra el sector financiero que para nada es tocado por las cuestionadas autoridades judiciales colombianas.

DELEGACION DE PAZ DE LAS FARC-EP

 

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