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Lunes, 15 Julio 2013 00:00

Hablando Claro_Detrás de los hechos del Catatumbo

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¿Para eso montaron la Mesa de La Habana? ¿Para señalar y perseguir dirigentes populares que levanten banderas similares a las nuestras?

 

La protesta campesina que se desarrolla en el Catatumbo ha terminado por generar comentarios y posturas oficiales poco inclinadas al diálogo y a una pronta solución. Que se acuse a una movilización popular de estar infiltrada por la guerrilla es apenas normal en este país, en donde los poderes dominantes apelan habitualmente al anatema para volver la espalda a los problemas y aplicar un tratamiento violento a los reclamos. Pero esta vez parece que las cosas van más allá.

 

La prosperidad democrática no quiere saber nada de la opinión popular en torno a sus políticas neoliberales. Quien realice una mirada imparcial sobre la problemática que se debate en Norte de Santander, fácilmente percibe que los reclamos del Catatumbo se relacionan directamente con los planes gubernamentales para la región. La expansión de los cultivos de palma africana y la puesta en práctica de grandes proyectos mineros, choca abiertamente con la vieja solicitud campesina de zona de reserva. Así como la erradicación forzada de los cultivos ilícitos apunta a agudizar las condiciones de pobreza, ardid disimulado de presión para el ingreso a la región de las grandes empresas.

 

Analistas prestigiosos han expuesto reiteradamente que la crisis económica global del sistema capitalista, unida a los intereses de las grandes potencias por el control de los recursos naturales no renovables, impulsan una especie de recolonización del tercer mundo a objeto de sostener, mediante el saqueo y la súper explotación de la mano de obra, una cuota de ganancia que por las vías de la industria capitalista y la especulación financiera es más difícil conseguir. Poderosas corporaciones de carácter transnacional imponen su lógica a gobiernos apátridas subordinados por completo a ellas, al costo de hundir a los pueblos en dolorosos dramas sociales y humanos.

 

Los índices de crecimiento de la economía hablan del resultado que la feria neoliberal entraña para los grandes capitales inversionistas extranjeros o los grupos económicos locales. Los fabulosos beneficios del sector crediticio están muy lejos de producir algún saldo positivo a los millones de desempleados o los asalariados por sumas miserables que conforman la gran masa de colombianos del montón. En algunos países de América Latina y el Caribe sus pueblos ensayan caminos distintos a los trazados por los centros de poder capitalista mundial. Es obvio que la oligarquía colombiana descarta por completo esa posibilidad. Y es esa la contradicción manifiesta en el Catatumbo hoy.

 

La oligarquía colombiana, alineada con los intereses de las compañías transnacionales norteamericanas y europeas, tiene definido ya desde mucho tiempo atrás el rumbo que imprimirá al país. Cuando Andrés Pastrana hablaba de paz con las FARC, acordaba con los Estados Unidos la implementación del Plan Colombia cuyo objetivo principal era el exterminio de la oposición por la vía de la guerra. El desmesurado brote paramilitar que se extendió por la geografía nacional, cobrando miles de vidas y desplazando millones de campesinos, hizo su presencia en el Catatumbo de modo horroroso para la misma época. Las políticas de Santos insisten en la misma dirección, sacar la gente, ingresar los mercaderes.

 

Así que la resistencia campesina de los pobladores del Catatumbo asume caracteres de heroicidad, intenso patriotismo e inquebrantable fe en una alternativa distinta para la vida de la región. Ninguna de las violencias aplicadas contra ellos ha logrado su objetivo de aplastar su digna lucha. Es por eso que  Santos y sus asesoresdeciden asumir un tratamiento absolutamente intolerante y represivo. En primer lugar ordenan responder a física bala, plomo y gases la movilización en marcha. Cuatro muertos, varias decenas de heridos y un buen número de judicializados por terrorismo y no sé qué más cargos infames.

 

La gran prensa colombiana prefiere ignorar los resultados de la ofensiva terrorista del ESMAD, el Ejército Nacional y la Fiscalía General contra los marchantes. En su lugar hace eco a las afirmaciones de altos funcionarios y comandantes de Policía o militares, que acusan a los campesinos de protestar obligados por la guerrilla, de estar infiltrados por la insurgencia, de portar armas de fuego y sofisticados explosivos con los que agreden a los inermes e inofensivos guardianes del orden público y la paz social.

 

Afirman también que existe una sospechosa coincidencia entre lo exigido por los campesinos movilizados y los planteamientos hechos por las FARC en la Mesa de La Habana. Se difunde la especie de que se trata de una acción dirigida por Timoleón Jiménez e Iván Márquez. Eso debería bastar para quitar toda legitimidad a la protesta. Al fin y al cabo, para la oligarquía de este país, basta con que un argumento o razón sea imputable a la insurgencia armada para considerarlo perverso y absurdo. ¿Para eso montaron la Mesa de La Habana? ¿Para tener argumentos para descalificar la protesta social? ¿Para señalar y perseguir a los dirigentes populares que plantean banderas similares a las nuestras?

 

Las FARC-EP operamos en el territorio de Colombia, en todos los departamentos y regiones, y eso desde hace medio siglo. Crecimos al calor de las luchas populares, buen número de nuestros cuadros e integrantes provienen de la arremetida militar, policial y paramilitar contra la gente que reclama por sus derechos. No somos una organización de extraterrestres aislados por completo del resto del país y de su gente. Conocemos de manera directa la realidad amarga que soporta el pueblo colombiano. Y sabemos muy bien quién es quién en asuntos políticos y sociales en  esta nación. Quiénes son los que sirven a la oligarquía y el imperialismo, y quiénes se alinean en las filas de la lucha popular.

 

Somos una organización político militar producto de la violencia terrorista del Estado colombiano. Y así como nos sentamos a dialogar con el gobierno nacional, con generales del Ejército y la Policía incluidos, también conversamos a diario con mucha gente en Colombia. Eso no significa que todo el que se reúne o dialoga con nosotros se halle a nuestro servicio o milite en nuestras filas. Somos colombianos enfrascados en el torrente de las luchas populares y las apoyamos a todas, lo cual no confiere ningún derecho a las autoridades para estigmatizar a las voces que se alzan en su contra desde la legalidad. Semejantes ensañamientos son el principal combustible del conflicto armado colombiano.

 

Ya lo señalaba algún columnista, y ojalá que no lo vayan a sindicar ahora por ello, que del tratamiento y resultado que el gobierno colombiano dé a la protesta de los campesinos del Catatumbo, se podrá deducir su voluntad de terminar con el conflicto y construir la paz en La Habana. Ojalá Santos piense muy bien lo que hace. Y por el bien de la paz, aprenda a desoír los asesores que sólo entienden de guerra.

 

Montañas de Colombia, 8 de julio de 2013.

 

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