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Jueves, 06 Junio 2013 00:00

CAPÍTULO PRIMERO

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Desarrollo rural y agrario para la democratización y la paz con justicia social de Colombia

Acceso a la tierra y la democratización de la propiedad

 1. Fondo de tierras y democratización de la propiedad Con el propósito de avanzar hacia la desconcentración de la propiedad, la consecuente superación del latifundio y la democratización de la propiedad sobre la tierra, se creará un Fondo de Tierras, conformado por 20 millones de hectáreas provenientes de:

a) Tierras improductivas, ociosas, inadecuadamente explotadas, que no cumplen su función social y ecológica, a adquirir por razones de equidad o interés público, a través de procesos de expropiación por vía administrativa, o mediante sentencia judicial, según el caso;

b) Tierras despojadas a campesinos a través de la guerra y el ejercicio de la violencia, y tierras incautadas al narcotráfico, a adquirir por razones de reparación, equidad e interés público, mediante procesos de expropiación por vía administrativa, sin indemnización.

c) Baldíos, con vocación para la actividad agrícola.

d) Explotaciones en las cuales se establezca hayan ocurrido graves violaciones de los derechos humanos (masacres u otras) o de los derechos laborales (persecución sindical, asesinato de dirigentes o de sindicalistas).

2. Tributación para la desconcentración y la democratización de la propiedad

Con miras a contribuir a la desconcentración de la propiedad, la superación del latifundio y la democratización de la propiedad sobre la tierra, se impondrá la siguiente política de tributación:

a) Tributación directa y progresiva sobre la propiedad de la tierra, con base en el principio: A mayor extensión de la propiedad, mayores impuestos.

b) Sobretasas impositivas a tierras ociosas, inadecuadamente explotadas.

c) Incentivos tributarios (incluidas exenciones) por reasentamientos poblacionales y localización o relocalización de producciones agrícolas de alimentos

d) Exención tributaria a pequeños y medianos campesinos.

3. Restitución de tierras, reparación integral de víctimas y catastro alternativo La política de restitución de tierras, si bien puede ser útil para restablecer la titularidad sobre las tierras expropiadas a través de la guerra y el ejercicio de la violencia, resulta a todas luces insuficiente respecto de la situación de las víctimas y de sus derechos. Por ello, se adoptará, como parte de la política de acceso, una política de reparación integral basada en la propuesta de un catastro alternativo. El catastro alternativo comprende los siguientes componentes:

a) Territorial-técnico, de reconocimiento espacio-temporal de los predios despojados y de los bienes abandonados forzosamente;

b) De identificación de daños materiales (bienes muebles e inmuebles) e inmateriales, individuales y colectivos, en la búsqueda de la reparación integral;

c) De identificación de la relación jurídica existente con la tierra y el territorio, antes y después de la expropiación violenta, para definir rutas jurídicas de restitución;

d) Político-organizativo, de identificación y denuncia de las causas estructurales del despojo, con mirar a garantizar la no repetición. La reparación a las víctimas no consistirá en "restituirlas a sus condiciones originales" puesto que en ellas se produjo el despojo. Se trata de asegurar una "reparación transformadora" mediante la cual se garantice a las comunidades la restitución de los bienes y el acceso a la tierra de manera que se proporcione a las comunidades estabilidad y mejoramiento cualitativo de sus condiciones de vida.

4. Adjudicación gratuita de tierras a campesinos sin tierra, trabajadores y proletarios agrícolas, pobladores urbanos en condiciones de pobreza y, en especial, a mujeres sin tierra La democratización de las actuales relaciones rurales y agrarias de producción se fundamentará en la distribución del Fondo de Tierras entre una población beneficiaria conformada por campesinos sin tierra, trabajadores y proletarios agrícolas, y pobladores urbanos en condiciones de pobreza con disposición a reasentarse en Zonas de producción campesina de alimentos; de manera especial, entre las mujeres sin tierra. La población beneficiaria de la política de adjudicación se definirá mediante censo. La población beneficiaria obtendrá una determinada cantidad de Unidades Agrícolas Campesinas -UAC, equivalentes a su capacidad de provisión de las condiciones necesarias para garantizar vida e ingresos dignos. El número de UACs se definirá regionalmente de manera diferenciada. La población beneficiaria obtendrá el respectivo título de propiedad, el cual será inalienable e inembargable durante los primeros diez años después de la adjudicación y la titulación.

5. Reestructuración y superación del minifundio. La superación de la concentración de la propiedad sobre la tierra va de la mano del mejoramiento de las condiciones de propiedad y de producción del minifundio. Ello implica su reestructuración y superación. Para ello, se distribuirá tierra del Fondo de Tierras entre cultivadores en minifundios o en pequeñas propiedades, adjudicando en cada caso el número de UACs adicionales requeridos para garantizar vida e ingresos dignos. El número adicional de UACs se definirá regionalmente de manera diferenciada. La población beneficiaria obtendrá el respectivo título de propiedad, el cual será inalienable e inembargable durante los primeros diez años después de la adjudicación y la titulación.

6. Promoción de propiedad basada en formas asociativas, comunales y de cooperación. La transformación de las relaciones de propiedad sobre la tierra comprenderá políticas de estímulo a las formas asociativas, comunales y de cooperación de la producción campesina, especialmente de cultivadores en minifundios, de pequeños y medianos productores. Se trata de la definición de incentivos por asociación, en dinero o en especie.

7. Formación de asentamientos y reasentamientos campesinos en tierras fértiles y productivas. La política de adjudicación y titulación de tierras, señalada en los puntos 5 y 6, comprenderá una política de formación de asentamientos o de reasentamientos concertados de la población beneficiaria en los casos a los que hubiere lugar. Tal población deberá ser ubicada en tierras fértiles y productivas, con las características agroecológicas, que posibiliten condiciones dignas de vida y de trabajo. La formación de asentamientos y los reasentamientos demandan políticas excepcionales de inversión en infraestructura física y de servicios, así como el impulso de proyectos de producción campesina, especialmente de producción de alimentos; serán declarados como Zonas de producción campesina de alimentos; y deberán conducir a relacionamientos equitativos con la ciudad.

8. Protección de la propiedad campesina y de los territorios campesinos. El acceso a la tierra y la democratización de la propiedad exige la puesta en marcha de políticas de protección de la propiedad campesina y de reconocimiento y respeto de los territorios campesinos. La protección es frente al ejercicio de la violencia y el despojo, la especulación financiera, el impago de deudas, los impactos de políticas macroeconómicas y de comercio exterior, los cambios inconsultos en los usos de la tierra para actividades distintas a las actividades agrícolas, los desastres naturales y los efectos del cambio climático, entre otros; comprende el rechazo al derecho de superficie. Para cada caso, se diseñaran mecanismos específicos de protección. De manera especial, se reconocerá el derecho a la consulta previa, libre e informada. Serán reconocidos y protegidos los territorios campesinos en las formas de Zonas de Reserva Campesina, de Zonas de producción campesina de alimentos y de otras modalidades de producción campesina del territorio. Las tierras baldías ocupadas por colonos y campesinos serán adjudicadas y tituladas a favor de éstos, considerando modalidades de titulación individual, o colectiva a comunidades campesinas, según el caso. En el evento en que estas tierras se encuentren en zonas de reserva forestal, se procederá a la adjudicación y titulación sin necesidad de proceder a los trámites de sustracción, considerando el correspondiente equilibrio socioambiental entre la vocación forestal y el interés campesino. Las tierras declaradas como territorio campesino tendrán el mismo status normativo de imprescriptibilidad e inembargabilidad de los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Los minifundios, así como la pequeña y mediana propiedad cafetera serán objeto de medidas inmediatas de protección, tales como subsidios, compensaciones y salvaguardas extraordinarias, condonación de deudas, tendientes a la superación de la crisis estructural del sector.

9. Dotación de las tierras distribuidas y restituidas con medios de producción. Las tierras adjudicadas o restituidas, y tituladas en forma individual o colectiva, así como los territorios campesinos, serán dotadas con medios de producción que permitan el usufructo ambientalmente sostenible de la tierra y de la producción campesina. Para tal efecto, se diseñarán programas específicos de dotación, con la correspondiente disposición de recursos extraordinarios de presupuesto. La dotación con medios de producción se orienta a la cualificación de la propiedad.

10. Reconocimiento y respeto de la tierra y los territorios de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Reconocimiento de territorios interétnicos e interculturales. El acceso a la tierra y la democratización de la propiedad conllevan el reconocimiento pleno del derecho a la tierra y el territorio de las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, incluido el saneamiento predial, si fuere el caso, y la titulación colectiva sobre esos territorios. También su protección en los mismos términos señalados para la propiedad campesina y los territorios campesinos. En el mismo sentido, deben considerarse el tratamiento a la propiedad en los territorios interétnicos e interculturales.


 

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