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Jueves, 06 Junio 2013 00:00

Presentación

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Desarrollo rural y agrario para la democratización y la paz con justicia social de Colombia

Con la presentación de las Cien propuestas mínimas para el Desarrollo rural y agrario integral para la democratización y la paz con justicia social de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejecito del Pueblo (FARC-EP) desean poner consideración del pueblo colombiano su visión programática mínima acerca de las transformaciones exigidas por el campo colombiano en la coyuntura actual.

Esta visión se encuadra dentro del Programa Agrario de los Guerrilleros de las FARC-EP, proclamado el 20 de Julio de 1964 en el fragor de la lucha armada de Marquetalia, corregido y ampliado por la Octava Conferencia Nacional de las FARC-EP, en abril 2 de 1993, y responde a los requerimientos planteados por los cambios ocurridos en la sociedad rural tras dos décadas de políticas neoliberales y de implementación de una cruenta estrategia de acumulación.

Esa estrategia, apoyada y promovida por el imperialismo norteamericano, se ha basado en la intensificación de la guerra y la violencia estatal y paramilitar contra el campesinado y los trabajadores del campo, así como en el despojo y el desplazamiento forzado de la población, ha generado una mayor concentración de la propiedad latifundista sobre la tierra, ha aumentado las profundas desigualdades, la pobreza y la miseria del campo, y ha producido un brutal reordenamiento del territorio para propiciar la entrega de nuestra riqueza natural a las transnacionales de la explotación minero-energética, promover la producción de agrocombustibles, amenazar con severidad la soberanía alimentaria, liquidar la producción nacional con la firma de tratados de libre comercio, e imponer un modelo económico de la destrucción y la depredación socioambiental. Al mismo tiempo, ha estimulado como nunca la especulación financiera.

Las propuestas aquí presentadas no son sustitutivas de nuestro Programa Agrario, deben comprenderse complementarias a él, y están formuladas dentro del contexto político generado por el inicio de los diálogos de La Habana que, de avanzar hacia un acuerdo, podrían conducir a consolidar la perspectiva de una solución política del conflicto social y armado.

Todas estas propuestas las hemos presentado en la Mesa de diálogos y se han venido haciendo públicas en forma gradual. Aquí se exponen en un documento unificado, que consta de unos Lineamientos generales, en los que se formulan sintéticamente las principales aspiraciones de las FARC-EP frente al campo, los campesinos y las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, y de Doce capítulos, en los se desarrollan y formulan de manera sistemática los temas que conforman las cuestiones centrales de una política de desarrollo rural y agrario integral para la democratización y la paz con justicia social.

Esos temas son a juicio de las FARC-EP los siguientes:

1. Acceso a la tierra y la democratización de la propiedad

2. Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio, del derecho al agua y de los usos de la tierra

3. Reconocimiento político y de todos los derechos del campesinado y definición de sus territorios

4. Reconocimiento del derecho a la tierra y el territorio de las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palanqueras y de los territorios interétnicos e interculturales

5. Dignificación del trabajo y del trabajo asalariado en el campo

6. Soberanía alimentaria y buen vivir de la población

7. Catastro al servicio de la soberanía alimentaria, los desposeídos del campo y las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo

8. Justicia social territorial y política macroeconómica para la paz

9. Educación, ciencia y desarrollo tecnológico para la transformación democrática del campo

10. Infraestructura física y social y recursos de crédito

11. Reafirmación de la soberanía frente al capital transnacional

12. Reforma del Estado e institucionalidad democrática y participativa

En la formulación de este conjunto de propuestas nos hemos apoyado en las múltiples opiniones e iniciativas formuladas por los sectores sociales y populares y, en especial, por el campesinado y sus organizaciones, así como por las comunidades indígenas y afrodescendientes. Como ha ocurrido desde el inicio de nuestro alzamiento armado contra la injusticia y la opresión, las luchas y aspiraciones del campo y sus pobladores explotados son las nuestras.

Lineamientos generales La propuesta de Desarrollo rural y agrario para la democratización y la paz con justicia social que aquí se presente está guiada por los siguientes lineamientos generales:

1.- Realización de una reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, con enfoque territorial, con fundamento en los siguientes propósitos:

a. Superación de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que generan el ejercicio estructural de la violencia por parte del Estado y fuerzas paramilitares en las zonas rurales y provocan el alzamiento armado guerrillero para enfrentar esas condiciones;

b. Transformación de las relaciones rurales y agrarias que contribuya a la democratización real del poder territorial, de la sociedad, del Estado y del modelo económico en su conjunto, así como al buen vivir de la población;

c. Erradicación del hambre, la desigualdad y la pobreza, restablecimiento de la dignidad y reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos políticos, y garantía y disfrute efectivo de sus Derechos Humanos, incluida la correspondiente provisión de recursos de presupuesto e infraestructura social;

d. Erradicación del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso y redistribución democrática de la propiedad sobre la tierra;

e. Garantía de acceso real, efectivo y disfrute del derecho a la tierra y al territorio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, y de las mujeres en particular;

f. Reparación integral de la población víctima del desplazamiento forzado y del despojo;

g. Protección y mejoramiento de las condiciones de propiedad y de producción de los pequeños y medianos propietarios;

h. Estímulo a la economía campesina y en especial a la producción de alimentos, considerando la coexistencia de diferentes modelos de producción, y atendiendo regulaciones estrictas de los encadenamientos productivos;

i. Mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y proletarios del campo;

j. Reconocimiento y respeto de los territorios colectivos de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, de territorios interétnicos e interculturales, así como de los territorios campesinos de Zonas de Reserva Campesina y de Zonas de producción campesina de alimentos;

k. Ordenamiento territorial y definición de usos de la tierra que garanticen la protección de los ecosistemas, la sostenibilidad socioambiental, el derecho al agua, la producción de alimentos y la soberanía alimentaria;

l. Construcción de justicia social territorial y democratización de las relaciones urbano-rurales;

m. Auspicio de una política de investigación y desarrollo científico técnico, de protección de las semillas nativas y del conocimiento propio;

n. Dotación de medios de producción, de infraestructura física de transporte y comunicaciones, de distritos de riego y regadío, de acopio, almacenamiento y comercialización, de recursos de crédito y de otros medios de financiación, privilegiando las economías campesinas y de producción de alimentos.

o. Definición precisa de medidas para evitar la especulación financiera con la tierra y las economías rurales;

p. Prohibición o establecimiento de límites estrictos, según el caso, a la extranjerización de la tierra;

q. Denuncia o revisión de tratados y acuerdos y de todo tipo de regulaciones de libre comercio, inversión o propiedad intelectual que afecten la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población.

2.- Erradicación del hambre, la desigualdad y la pobreza de los colombianos y compromiso con el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población rural, mediante el acceso y disfrute efectivo de sus derechos humanos. Implica, de manera prioritaria, la puesta en marcha de programas masivos de nutrición y alimentación, de empleo y mejoramiento significativo del ingreso, así como la provisión de la correspondiente infraestructura social en educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, cultura y deporte, acompañada de la disposición extraordinaria de recursos del presupuesto público.

3.- Garantía de acceso real y efectivo y disfrute del derecho a los bienes comunes de la tierra y el territorio, considerando de manera particular el derecho de las mujeres, y una perspectiva pluriétnica y multicultural. Se creará un Fondo de Tierras, conformado por tierras provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la guerra y el despojo, tierras incautadas al narcotráfico. Con base en la definición de las condiciones agroecológicas, de fertilidad y productividad de las tierras que conformen el Fondo, se procederá a su distribución a través de la dotación de tierra a campesinos sin tierra y a mujeres, de manera prioritaria; se mejorarán las condiciones de propiedad y de producción de los pequeños y medianos propietarios, incluida la reestructuración y superación del minifundio. Las unidades de propiedad, medidas en Unidades Agrícolas Campesinas, deberán garantizar condiciones de vida y de trabajo digno a los campesinos y campesinas y evitar la concentración de la propiedad sobre la tierra. Se estimularán las economías campesinas asociativas y de cooperación. Los flujos poblacionales y reasentamientos provocados por la redistribución democrática y participativa de la tierra serán concertados con los campesinos.

El acceso a la tierra comprende el reconocimiento y definición de territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros e interétnicos. En el caso de la población desplazada y de las víctimas del despojo, la restitución de tierras debe ser superada por la reparación integral basada en el catastro alternativo. El acceso a la tierra no implica la mera formalización jurídica de la propiedad, es decir, la titulación, también exige la provisión de condiciones generales para su usufructo, la protección frente a la especulación financiera, la prohibición del derecho de superficie. La política tributaria debe erigirse en un instrumento de la política de desconcentración de la propiedad; debe ser directa y progresiva y prever mayores castigos tributarios para tierras ociosas, improductivas o inadecuadamente explotadas; supone una actualización inmediata de los avalúos catastrales, atendiendo parámetros técnicos.

4.- Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio, del derecho al agua y de los usos de la tierra, que propicie relacionamientos sostenibles con la naturaleza y equitativos con la ciudad, priorizando la protección de ecosistemas frágiles y el acceso y disfrute estratégico del agua por parte de la población; reconozca y respete las diversas trayectorias étnicas y culturales de vida y de organización del territorio; estimule usos agrícolas de la tierra que "desganadericen" las economías rurales, privilegien la producción de alimentos y la soberanía alimentaria y permita la organización de la producción de bienes agrícolas básicos en espacios aledaños a los centros de consumo; Ordenamiento territorial que establezca límites y estrictas regulaciones socioambientales, o prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de generación de energía hídrica y de producción de agrocombustibles; establezca regulaciones específicas de acompañamiento a la pequeña y mediana minería y a la minería artesanal para contribuir a su sostenibilidad socioambiental o a su reconversión; y contemple acciones frente a los cultivos de uso ilícito para transitar hacia producciones alternativas o de sustitución, o para su legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o razones culturales. 5. Reconocimiento político y de todos los derechos del campesinado y definición de sus territorios. Los territorios campesinos deben tener los mismos alcances de los demás territorios colectivos, garantizando diversas formas de propiedad campesina, individual o colectiva. En consecuencia se fundamentan en el respeto real y efectivo por la autonomía y la organización política, económica, social, cultural y ambiental, en el establecimiento de jurisdicciones campesinas propias, y en la responsabilidad del Estado para su protección y financiamiento. Estos territorios representan una forma de evitar la concentración de la propiedad; asumirán dos formas: Primero, como de Zonas de Reserva Campesina; segundo, como Zonas de producción campesina de alimentos. Todo lo anterior, ha de acompañarse de medidas concernientes a la dignificación y al reconocimiento político de los campesinos y campesinas por parte del Estado, lo cual debe empezar con la adopción de la declaración de los derechos del campesino de la ONU.

6. Reconocimiento de los territorios colectivos y las territorialidades de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras, lo cual implica la titulación colectiva de sus tierras y territorios, el respecto real y efectivo de la autonomía y la organización política, económica, social y cultural de esas comunidades, con fundamento en jurisdicciones propias, y la responsabilidad del Estado para su protección y financiamiento. En el mismo sentido, se propone el establecimiento de territorios interétnicos e interculturales, definidos como territorios de coexistencia de las diferentes formas culturales de vivir de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, con regulaciones colectivas de propias y atendiendo principios de autonomía y autogestión.

7. Dignificación del trabajo y del trabajo asalariado en el campo, lo cual implica garantizar el acceso a la tierra de los trabajadores rurales; proteger y laboralizar el trabajo rural, garantizar empleo e ingreso que permita superar las condiciones de pobreza y miseria, especialmente de jóvenes y mujeres; implementar programas especiales de seguridad social, de formación y capacitación, y proveer condiciones básicas de bienestar; promover formas asociativas y solidarias del trabajo; y garantizar la organización sindical y la protección especial a los sindicatos y organizaciones agrarias. Se debe incorporar el Acuerdo 141 de la OIT al ordenamiento jurídico.

8.- Construcción de nuevas relaciones entre el campo y la ciudad, basadas en la democratización y en el principio de la justicia social territorial, que supere visiones extractivistas y utilitaristas del mundo rural y reconozca en él sus potencialidades políticas y culturales para el desarrollo del país y el buen vivir de su población. Poner en marcha medidas excepcionales para cubrir la deuda histórica del Estado con el campo y sus pobladores, deuda que ha producido guerra, exclusión, desigualdad, pobreza, discriminación y segregación territorial; impone la desmilitarización del Estado y de la sociedad y la superación de la estigmatización del campesinado; conlleva el ordenamiento y la regulación del territorio urbano-rural con base en criterios de equidad, mutuo beneficio y participación democrática; demanda medidas reales y efectivas para la apropiación de la riqueza pluriétnica y multicultural del mundo rural, incluyendo valores, modos de vida y de organización de la economía.

9. Aseguramiento la soberanía alimentaria mediante la promoción y el estímulo a las diversas formas de producción de alimentos destinadas al cubrimiento de las necesidades nutricionales y de alimentación del pueblo colombiano. Ello demanda crear condiciones de producción, circulación, comercialización y consumo de los alimentos, basadas en relaciones de equidad y justicia y de mutuo beneficio entre productores rurales y consumidores urbanos, incluidas la provisión de infraestructura física, especialmente de vías comunicación y de riego, de transporte, de acopio y almacenamiento, de comercialización y acceso a los mercados local, regional, nacional o internacional, de crédito y de otros medios de financiación. La economía campesina merece especial protección y estímulo por parte del Estado. Lo anterior comprende la posibilidad encadenamientos productivos entre diversos modelos de producción agrícola, con fundamento en estrictas regulaciones que garanticen organización y distribución equitativa de la producción y sus beneficios entre los diferentes componentes de tales encadenamientos. Se incluyen igualmente las economías rurales de carácter agroindustrial, orientadas al mercado mundial, siempre y cuando no afecten soberanía alimentaria y garanticen sostenibilidad socioambiental. 10.- Estímulo a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico para proteger y promover el conocimiento ancestral y propio y las semillas nativas, con miras a garantizar la conformación de una base técnico-material que sirva de sustento para el abastecimiento alimentario y el desarrollo industrial. Estímulo a la investigación socioeconómica de la economía y sociedad rural, apoyada en la producción y sistematización permanente y actualizada de información, para contribuir al diseño de las políticas de desarrollo rural; impone la realización inmediata de un Censo Rural y Agrario. 11. Denuncia o revisión de los acuerdos y tratados y de toda regulación supranacional de comercio, inversiones o propiedad intelectual que menoscabe la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población, propicie la extranjerización de la tierra y el territorio, promueva su acaparamiento en manos de consorcios transnacionales o estimule la especulación financiera, propicie la producción transgénica o la imposición de paquetes tecnológicos por transnacionales de los agronegocios o de la alimentación. Mientras ello se produce, expedición de medidas inmediatas de protección y subsidio a las economías de producción de alimentos, en especial a la economía campesina, amenazadas por la puesta en marcha de los tratados de libre comercio.


 

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