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Viernes, 03 Junio 2016 12:41

Hay que atender la gente y cumplirle para que haya paz

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Vuelve a ser noticia un nuevo paro agrario. Y eso que numerosos sectores del campesinado, que no vacilaron en expresar su abierto y decidido respaldo a la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, expresaron de antemano que no podrían sumarse a la actividad, bien por los fracasos económicos derivados del fenómeno de El Niño, bien por hallarse preparando otras jornadas de movilización a favor de los diálogos de paz con las FARC y el ELN.

Alegan las diversas organizaciones convocantes como causa fundamental para su protesta, el incumplimiento por parte del gobierno colombiano de los acuerdos firmados con ellos en el paro del año 2013, lo cual imprime un tono más dramático a su sacrificada movilización. Y es tan cierto lo que afirman, que el propio Presidente Santos salió a pedirles disculpas públicamente. 

Yo sé que hay gente en este momento que está protestando porque no les han llegado algunos de los recursos de los proyectos y tienen todo el derecho de protestar, manifestó el primer mandatario ante miles de campesinos convocados para celebrar su día en Quimbaya, en el Quindío. Muy amable y gentil, el ministro de agricultura, Aurelio Iragorri, invitó a campesinos e indígenas a sentarse a dialogar para superar las dificultades.

Contrariamente a tanto gesto de caballerosidad, el señor ministro de la defensa, Luis Carlos Villegas, informaba el día 1 de junio a la prensa que desde el día anterior se habían presentado un total de 15 personas heridas, entre ellas 8 civiles y 7 uniformados, como consecuencia de las protestas del paro agrario. Y añadió que se había judicializado a 7 personas por acciones violentas y agresiones a policías, entre ellos 5 adultos y dos menores de edad.

Tal declaración abre la credibilidad total a las denuncias hechas por los labriegos e indígenas en paro, puesto que es bien conocida la manía oficial de manipular las cifras y reducirlas a lo que parece presentable. De acuerdo con el tercer boletín de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc), la lista de agresiones durante los primeros tres días de paro sumaba 74 heridos, 1 indígena muerto y 2 detenciones arbitrarias.

Conmueve que luego de oír a Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), precisar que llevaban 65 heridos como consecuencia de la represión,  fundada en el argumento gubernamental de que la guerrilla está infiltrada y por tanto no se atenderán las demandas del paro, se escuche al ministro de defensa afirmar que hay infiltración del ELN en varios departamentos y que esa es la causa de la violencia producida.

Mientras el dirigente agrario de Boyacá, César Pachón, llama encantador de serpientes al ministro Iragorri  y convoca a ser serio al Presidente Santos, para asegurar el cumplimiento de lo pactado en el paro anterior, se conoce de la carta abierta que le envía al Presidente el personero municipal del municipio de El Tarra, situado en la zona del Catatumbo en Norte de Santander, en la que le hace una franca crítica por la comparación de la zona con lo que acontecía en el Bronx.

“La situación de El Tarra y del Catatumbo no se soluciona con más violencia. Creo que no hay necesidad de sacrificar más colombianos del lado que sea. Se necesita un equipo de presencia institucional en la zona y que se haga un análisis de fondo junto con la administración Municipal, las juntas de Acción comunal y las organizaciones sociales. De esta manera se podrán  hacer programas y proyectos reales. Es que no sé por qué me da la impresión que muchas de las políticas públicas son discordantes con las realidades sociales”.

La fuente verdadera de todos los problemas de orden público en el país está definida aquí de manera proverbial. Las políticas públicas no se fundan sobre las realidades sociales, sino sobre las aspiraciones económicas de sectores pudientes representados en el poder. Tal es la situación del campo colombiano, las locomotoras agrícola y minera desconocen por completo las realidades e intereses de la gente común. Ésta no puede permanecer pasiva cuando se la ignora así.

Y si la respuesta del Estado es la violencia, pues ahí tenemos a mano la explicación más válida a la larga confrontación bélica vivida por el país en los últimos 52 años. Un gobierno que manifiesta su disposición a firmar la paz con la insurgencia, y que asume la tarea de conseguirlo, por encima de la inconformidad de los grandes acaparadores de tierras y riqueza en el área rural, no puede seguir incumpliendo su palabra y seguir empleando la represión contra la protesta justa.

Hay que hablar, señor Presidente, escuchar la opinión de los de abajo, atender sus clamores y razones, concertar las políticas públicas que habrán de afectarlos. El grotesco espectáculo del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional tiene que ser abolido para siempre en Colombia. No más golpizas brutales, ni más fuego contra el pueblo que reclama sus derechos. Es eso lo que las FARC-EP llevamos 5 años diciendo en la Mesa de Conversaciones. 

Somos solidarios con las justas reclamaciones de la Minga Nacional Agraria, Étnica, Campesina y Popular, que no son muy distintas a las que hicimos nosotros en la Mesa de La Habana durante la etapa de discusión del Primer Punto de la Agenda acordada. Es cierto que llegamos a un Acuerdo Parcial sobre Reforma Rural Integral, y que pronto tendrán que ser dirimidas las salvedades pendientes. Nuestras preocupaciones fueron y siguen siendo las mismas.

La obcecación del gobierno nacional en defender un modelo económico y político que no sirve a los intereses nacionales y populares, modelo en crisis además por la caída de los precios en el campo internacional, tiene que ser derrotada por la gente sencilla de Colombia. Por eso la larga lucha armada que aspiramos muy pronto a terminar, por eso los paros y las movilizaciones. No se puede seguir ignorando la gente por más tiempo, y hay que cumplirle, no más engaños.

Timoleón Jiménez

Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP

La Habana, 2 de junio de 2016.

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