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Jueves, 30 Enero 2014 00:00

El sistema de la injusticia llamado justicia

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– 28/01/2014
POSTED IN: A SOLDADOS Y POLICIASARTÍCULOS Y OPINIÓN

Dentro de las noticias que difunde hoy la gran prensa, pueden encontrarse algunas relacionadas de modo directo o indirecto con las fuerzas armadas.

En Miraflores, departamento del Guaviare, según informa el general Navarrete, comandante de la 22 Brigada de selva, perdieron la vida un cabo y un soldado como consecuencia de lo que suele denominarse fuego amigo, es decir, por el error grave de un militar que creyendo combatir al enemigo terminó haciendo fuego contra sus propios compañeros. Se afirma que ocurrió cuando se adelantaban operaciones en contra de las FARC en el área.

En Yarumal, Antioquia, de acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Cuarta Brigada del Ejército, un soldado profesional, en un acto de intolerancia, hizo uso de su arma de dotación en contra de un teniente, un sargento y un soldado voluntario, perdiendo la vida el oficial y el suboficial, mientras el último resultó gravemente herido.

En el primero de los casos, de acuerdo con lo expresado por las noticias, las autoridades investigan los hechos, el presunto responsable fue detenido y deberá responder por lo sucedido. En el segundo, según el comunicado oficial, el soldado fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los hechos anteriormente mencionados.

La relación de lo sucedido en ambos casos es muy breve, no entra en ninguna clase de detalles, pero queda claro que en las dos situaciones el mando militar procura, al informar los hechos, dejar claro que los responsables serán juzgados y sancionados en forma ejemplar.

Se comprende fácilmente por qué tanta celeridad y rigor contra los acusados, basta con enterarse de que se trata de simples soldados. Incluso en el caso de Yarumal se especifica que el autor será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y no de la justicia penal militar. No cabe la menor discusión en cuanto al fuero militar, no se trata de tapar un crimen oficial, un falso positivo, la complicidad con el paramilitarismo o una grave violación de los derechos humanos. Además los involucrados tampoco gozan de un rango que amerite ponerse de su lado.

Muy seguramente que la ley que autorizó pagar del erario oficial los abogados de los integrantes de las fuerzas armadas involucrados en casos de violación de los derechos humanos, no tendrá aplicación alguna en estos casos. Se trata de pobres diablos, tropas desechables como las víctimas que causaron. Que sus familias, o ellos mismos si pueden, corran con los gastos de su defensa. Ningún caracterizado vocero de la ultraderecha saldrá a abogar por ellos en los medios o el twiter. Nadie más se acordará o preocupará por su suerte en adelante.

Uno cometió un grave error que costó la vida a dos de sus compañeros en una zona de frecuentes choques entre tropas y guerrillas, pero una equivocación al fin, una falla humana que seguramente a la luz del examen del contexto en que se presentó podría explicar su actuación y aliviar su responsabilidad. Del otro, sin duda para quien conozca algo la vida en el Ejército, casi que puede asegurarse que no aguantó la humillación a la que sus superiores insistían en someterlo. Tales reacciones suelen corresponderse con situaciones desesperadas.

Pero ninguno de esos factores atenuantes será tomado en cuenta a su favor. Está claro que pagarán por lo que hicieron, sin contemplaciones de ninguna índole. Las tropas están en el Ejército para cumplir órdenes, para jugarse con frecuencia el pellejo sin comprender claramente por qué. No caben interpretaciones, se trata de robots humanos, de seres a quienes se enseña a odiar y matar, pero para que odien y maten a los que les señalan sus mandos, a los que de algún modo obstaculizan los planes de enriquecimiento y dominación de los que mandan en el país.

Lo cual queda perfectamente claro con la otra noticia que publica la prensa. Un juez acaba de condenar a los camaradas Timoleón Jiménez e Iván Márquez, entre otros miembros de la cúpula de las FARC, a 38 años de prisión como autores del secuestro y muerte de Consuelo Araujo Noguera ocurrido en septiembre de 2001.

Es sabido que un comando de las FARC se tropezó por casualidad con Consuelo y decidió llevársela consigo pensando en que podría ser útil para el canje de prisioneros que se solicitaba. Y que tanto el Ejército, como la Policía y los paramilitares de la región emprendieron una persecución inmediata del grupo, hasta ubicarlo y asaltarlo por aire y tierra. En esa situación murió la cacica. Cualquiera puede ver que fue la irracionalidad de la orden de rescate a sangre y fuego la que le costó la vida, en unos hechos que se sucedieron muy rápidamente.

En este caso hay que condenar también a alguien. Y no va a ser al gobierno nacional de la época, ni a los mandos militares que dispusieron la persecución y asalto sin pensar para nada en la vida de quien pretendían rescatar. Lo que menos les importaba era esto último. Lo que tenían que probar era que en el Cesar, en pleno imperio del Bloque Norte de las Autodefensas comandadas por Jorge 40, entrelazadas íntimamente con las clases más pudientes de la región y las fuerzas armadas oficiales, en ese orden de terror impuesto por ellos, nadie podría secuestrar a nadie.

Y lo hicieron. Al costo de la vida de Consuelo y de centenares de campesinos, obreros, dirigentes populares y sindicales, personalidades democráticas y demás víctimas de esa oleada sangrienta que bañó la región sin que nadie quiera hoy acordarse de ella porque les resulta incómoda. Es seguro que el juez del circuito de Valledupar que profirió la condena en referencia no se interesa en lo más mínimo por desenredar la verdadera madeja de la violencia y sus autores.

Porque así está concebido este sistema, esta injusticia que llaman justicia, esta impunidad consagrada e inviolable para los verdaderos determinadores y agentes de los crímenes contra el pueblo, y estas infames persecuciones y condenas contra la gente humilde que no puede defenderse por sí sola, como los simples soldados de la patria, o que se atreve a rebelarse y luchar, como sucede con los mandos y combatientes guerrilleros.

Montañas de Colombia, 28 de enero de 2014.

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