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Domingo, 15 Diciembre 2013 00:00

La criminal política de Reintegración

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Lo más sorprendente es que todo eso cuenta con cobertura institucional y legal, con publicidad abierta y masiva, con respetabilidad social. Igual que las Convivir en su día.

La entidad se denomina Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), y su director expresaba en días pasados a la prensa que en caso de lograrse un acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN, esperaba la desmovilización de unas veinticinco mil personas, para lo cual comenzaban a realizar las movidas necesarias.

Cualquiera diría que se trata de una oficina gubernamental de alto nivel encargada de la gestión humanitaria de reintegración a la vida civil de los alzados en armas, pero la realidad es completamente diferente. Como las cifras que emplea para la difusión mediática, tan absurdas como los casi cincuenta mil guerrilleros desmovilizados a la fecha, todo en este aparato burocrático mueve a asombro y despide pestilencia.

La llamada política de reintegración, de la que tanta propaganda conmovedora se hace en la radio y la televisión, es en realidad una política criminal del Estado, que apela a las maniobras más cobardes y miserables concebidas por la perversidad humana. Todo vale para ella: el secuestro, la amenaza de muerte, la intimidación, las torturas físicas y sicológicas, el chantaje, el asesinato y la desaparición. Lo peor es que lo hace contra mujeres, ancianos, niños, población civil completamente inerme, indefensa y aterrorizada por su impotencia para resistir.

Todavía retenemos en la retina las imágenes difundidas por las redes sociales a raíz del reciente paro agrario, en las que se ve a un escuadrón de delirantes integrantes del ESMAD arremeter contra las viviendas de humildes familias campesinas, rompiendo los vidrios de sus ventanas con sus armas, lanzando granadas dentro y derribando las puertas. Habitantes de ellas, mujeres horrorizadas angustiadas por sus niños intoxicados, desesperadas ante violencia tan salvaje, suplican que por favor llamen a la Policía para que venga a proteger sus vidas. Desgarradora paradoja, si era justo la Policía la que embestía criminalmente contra ellos.

Al menos varias cámaras de teléfonos celulares captaron el terrorismo de Estado, repetido una y otra vez en distintos lugares. Al menos la conciencia nacional e internacional pudo  estremecerse ante la evidencia de la violencia oficial en Colombia. Pero lo que sucede con las familias de los guerrilleros escogidas por los estrategas de la rehabilitación supera todos los extremos del horror. Los agentes estatales encargados de presionar padres y madres, hijos, hijas, hermanos o hermanas de los alzados cuentan no sólo con el guiño afectado de sus inmaculados jefes, sino que además gozan de la absoluta impunidad que les confiere el terror insuflado a sus víctimas, perfectamente  instruidas por sus agresores de que cualquier denuncia les va significar la muerte.

¿Ante quién van a quejarse? ¿Acaso ante la Procuraduría? ¿A la Policía o el Ejército? Son las autoridades, los agentes oficiales quienes están arremetiendo ilegal y arbitrariamente contra ellas. Ya son demasiados los casos que conocemos, con el mismo modus operandi que permite concluir que no se trata de conductas abusivas de funcionarios desviados, sino de líneas de política estatal por las que está obligado a responder el gobierno nacional. Citemos el caso típico.

Cualquier mañana varios hombres armados, que se identifican con carnés policiales o militares,o como integrantes de  un grupo paramilitar, penetran a una vivienda enun barrio o vereda humilde. Con cara de pocos amigos reúnen a sus habitantes y se franquean con ellos. Sabemos que su hijo tal, o su hija tal,hace parte de un frente guerrillero, que allá usa tal seudónimo, que ese niño o niña que está ahí es su hijo o hija. Luego pasan a los ofrecimientos. Tantos millones de pesos por ayudar a darlo de baja, a él y al mayor número de sus compañeros. ¿O es que ustedes son cómplices de esos terroristas?

Tantos otros millones por conseguir que se deserte de la guerrilla y se entregue a nosotros. Con su colaboración podemos organizar su fuga, hacerle llegar por su intermedio unos teléfonos y un micro chip para que una vez los ubique en el campamento, se salga y nos dé el aviso. En cinco minutos estarán allá los aviones bombarderos. Le ayudaremos a solucionar sus líos con la justicia. Podemos cambiarles la identidad a todos y hasta sacarlos del país.

Enseguida vienen las amenazas. La primera, quitarles el niño o niña que tienen a su cargo, para entregarlo al Bienestar Familiar. A ella se van agregando otras. Como que no se irán de la vivienda, o no permitirán la salida a nadie, o a otro u otros de los hijos,hasta no conseguir la respuesta afirmativa, o que se lo llevaran consigo para que lo piensen mejor, y efectivamente lo han hecho. También les hablan de la posibilidad de ser dados de baja en cualquier momento por colaboradores del terrorismo, de la clara advertencia de muerte si se atreven a denunciar.

La presión crece y se hace incesante, intolerable. Las visitas y las llamadas intimidantes se acompañan cada vez de más presiones de hecho, incluidas golpizas brutales. Cifras oficiales de la Agencia estatal alardean de que ya tienen promediado un plazo de seis meses para conseguir la colaboración de los familiares. Esta consiste con frecuencia en que la propia madre del guerrillero o guerrillera, a punto de enloquecer o ya trastornada, consiente contribuir a la muerte de su hijo o hija, o de sus compañeros, sumándose por fin al plan de semejantes monstruos.

Lo más sorprendente es que todo eso cuenta con cobertura institucional y legal, con publicidad abierta y masiva, con respetabilidad social. Igual que las Convivir en su día. Aún recordamos la mirada conmovida del presentador de noticias José Fernández Gómez, después de transmitir durante varios minutos en su noticiero del medio día la movilización que siguió al crimen de Bernardo Jaramillo Ossa. Entre la multitud se había visto un pasacalle que llevaban entre varios manifestantes, con cuatro palabras escritas en letras grandes: Colombia, democracia de mierda.

No puede ser considerado de otro modo un régimen que recurre a tales grados de bajeza. Cuentas muy alegres las del señor Alejandro Eder, incapaz de comprender que con procedimientos tan canallas jamás podrán conseguir que la insurgencia firme algún acuerdo de paz. La guerra sucia obra a sus anchas en nuestro país, en todos los escenarios,  mientras los funcionarios estatales se rasgan las vestiduras por la respuesta insurgente a sus atrocidades. Hasta el Cristo de Nazaret se refirió a tales conductas, la paja en el ojo ajeno mientras se ignora la viga en el propio, decía.


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