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Sábado, 11 Julio 2015 00:00

Prisioneros de guerra y gestos de paz

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La confirmación por parte de las FARC-EP, de que el subteniente Cristian Moscoso Rivera, fue hecho prisionero por una unidad del Bloque Sur, en desarrollo de combates entre la insurgencia y el ejército oficial en el departamento del Putumayo y el anuncio de su disposición de liberarlo, tan pronto se acuerde con el Gobierno el respectivo protocolo de seguridad, es otro gesto de paz, que viene a sumarse al anuncio que hicimos en días recientes de un cese al fuego unilateral por un mes a partir del próximo 20 de julio. Ver: FARC-EP confirman que tienen en su poder al sub-teniente Cristian Moscoso Rivera

En los últimos 8 meses, las FARC-EP han realizado 3 liberaciones de prisioneros: el 25 de noviembre de 2014, dos soldados profesionales en el departamento de Arauca; cinco días más tarde, en el departamento del Chocó, fueron liberados el general del ejército Rubén Darío Alzate, el cabo primero Jorge Rodríguez y la doctora Gloria Urrego que los acompañaba en el momento de la captura y el 26 de diciembre de 2014, el soldado profesional Carlos Becerra Ojeda, en el departamento del Cauca.

La captura de prisioneros es un hecho común en todos los conflictos armados; por eso, a lo largo de la historia de la humanidad, desde tiempos remotos se ha buscado que en medio de las hostilidades propias de la contienda militar, se les procure un trato digno y se le respeten sus derechos. En esta materia son explícitas las normas del Derecho Internacional Humanitario, tanto para los conflictos armados con carácter internacional, como para el caso de los conflictos armados internos.

Dichas normas tienen que ver igualmente con disposiciones referidas a las condiciones de reclusión, garantías de higiene y salubridad, atención médica, alimentación, no discriminación y procedimientos para su liberación, entre otras.

Específicamente en el numeral 5 del artículo 6, del título II –Trato humano-, del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977 se estipula que: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionado con el conflicto armado”.

Como se sabe, Colombia es firmante de estos convenios y sus protocolos adicionales; por lo tanto está obligada a cumplir estos compromisos, además porque en razón al bloque de constitucionalidad que cobija los tratados internacionales, así se exige.

Por estas razones, no es cierto y no se entiende que el Presidente Santos salga a asegurar categóricamente, tal como lo hizo en la ceremonia en que se rindió homenaje a los salientes comandantes de las Fuerzas Militares, que no son posibles las amnistías en desarrollo de un proceso de paz como el que se adelanta en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC-EP.

El presidente Santos miente o está mal asesorado en estas materias.

Cosa distinta es que en Colombia la clase dirigente, en una manifestación clara de su estrechez política y su irracionalidad, hayan llevado la legislación nacional hasta la casi desaparición del delito político y la máxima restricción de sus conexidades; creando así de manera artificiosa obstáculos jurídicos a la posibilidad de encontrar salidas a un problema eminentemente político, como es el conflicto armado interno que afecta nuestro país.

Restablecer el delito político y sus conexidades, abriendo el paso a una amplia amnistía como parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, es una medida necesaria para desbloquear la discusión del tema víctimas en la Mesa.

No estamos diciendo que la amnistía por sí sola, sea la solución; pero sin duda, sería una decisión muy importante en dirección a remover los obstáculos que tienen enredado el proceso en el tema jurídico.

Mientras esto se resuelve, bien haría el gobierno si se decidiera a responder con algo de reciprocidad los gestos de liberación de prisioneros realizados por las FARC-EP, con medidas que alivien las condiciones infrahumanas que padecen los prisioneros políticos y de guerra en las cárceles del régimen, con liberación de prisioneros afectados por graves enfermedades; así como la revisión de las condenas y procesos para desmontar los falsos positivos judiciales de los que han sido víctimas miles de colombianos, principalmente dirigentes sociales y populares, activistas de movimientos sociales y políticos de izquierda y defensores de derechos humanos, entre otras medidas.


URL corto: http://goo.gl/GmuWg6

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Carlos Antonio Lozada

Columnista del Sábado
Jefe de la Subcomisión Técnica de las FARC-EP.
Integrante del Secretariado Nacional de las FARC-EP

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