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Boletín #54
 La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, 4 de marzo 2015

FARC-EP proponen la apertura de los archivos secretos del Estado.

El esclarecimiento de la Verdad histórica es un imperativo ético y político, FARC-EP.

En su intervención de este miércoles, el Comandante Joaquín Gómez expuso los sub- puntos 1, 2, 3 y 4 correspondientes a la propuesta uno sobre Derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional.

Publicado en Boletín de prensa

«La que no sale por la radio, la televisión o la gran prensa reaccionaria escrita, dedicadas a embrutecer más que a informar.»

Por Gabriel Ángel

El gran tema de debate en la Colombia de hoy es el de si resulta justo o injusto que la Confederación Suramericana de Fútbol prive a nuestro país del derecho a celebrar la Copa América de Fútbol.

Hace unos días era el de si la dignidad nacional sería capaz de soportar la afrenta que un periodista norteamericano había hecho a la candidata colombiana al reinado de Miss Universo.

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Prohibido Olvidar!!

Paramilitares conocidos como los "Mochacabezas",  al mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso torturaron y asesinaron a 17 personas indefensas.

Esta Masacre fue planeada y apoyada por el Estado Colombiano, en donde altos mandos de fuerza publica, como Carlos Alberto Ospina Ovalle y Eduardo Herrera Verbel  de la IV Brigada del Ejército-Séptima división participaron activamente .

Publicado en Memoriando

Reflexiones para nuestros camaradas prisioneros de guerra

Por Gabriel Ángel

«La cárcel. No solamente la pérdida de la libertad, sino la degradación del hombre»

Allí, tras las rejas, entre el encierro de aquellos muros, el revolucionario  íntegro pone a prueba la entereza de sus ideas y de su carácter.

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Sábado, 17 Enero 2015 00:00

Un Rubén Darío realmente secuestrado

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«El día 20 de diciembre fue divulgada la noticia en Anorí, acerca de un soldado muerto, en extrañas circunstancias, a manos de otro soldado de quien no se conocía su paradero» 

Por Gabriel Ángel

El comportamiento real de las unidades del Ejército colombiano en la ejecución de operaciones militares contra las guerrillas resulta por completo opuesto al que proclaman sus manuales y las declaraciones de sus generales. Pese al cese el fuego unilateral decretado por las FARC en diciembre pasado, nada cambia en la conducta predadora de las tropas oficiales.

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Miércoles, 22 Enero 2014 00:00

“Baile Rojo” amenaza la Marcha Patriótica

Vuelve y juega, y muy sucio...

Es un deber del Estado proteger la vida de los ciudadanos y garantizar el derecho a la opción política en Colombia”

Ni Pardo Leal, ni Bernardo Jaramillo, ni Leonardo Posada, ni José Antequera, ni Manuel Cepeda, ninguno de los mártires de la UP portaba fusiles ni antes ni al momento de ser asesinados”.

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Lunes, 07 Octubre 2013 00:00

Extralimitaciones del Ministro de Defensa

 


Extralimitaciones del Ministro de Defensa

 

Escrito por la guerrillera Yira Castro

“Absolutamente antidemocrático ese proyecto de ley” respondió el comandante Pablo Catatumbo a Caracol Televisión esta mañana al ser consultada su opinión respecto al proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República, el cual apunta a legalizar la penalización de la protesta social.

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La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, octubre 7 de 2013

En Colombia la “seguridad” se ha convertido en un concepto que entraña disímiles interpretaciones, porque resulta, por ejemplo, que por atender un desvelo del Estado que es la seguridad inversionista, se derivan políticas criminales que se arropan bajo la categoría de seguridad ciudadana. ¿De qué estamos hablando entonces cuando se habla de la seguridad democrática, hoy denominada con el eufemismo de prosperidad democrática? Porque es que nos encontramos con la situación de que ya desde el ministerio de Defensa no solamente se traza la política agraria, que es tema que concierne al ministerio de agricultura, sino que  también se diseña la política criminal, que es asunto que debiera tratar el ministerio de justicia.

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La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 17 de 2013

NUEVE PROPUESTAS MÍNIMAS SOBRE CULTURA POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Y DERECHO A LA PROTESTA Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL Y POPULAR


1. Condiciones para una cultura política democrática y participativa.   

El fortalecimiento de la participación política y social conlleva una necesaria transformación de la cultura política existente en el país. Se dispondrán todas las acciones a que hubiere lugar en ese sentido, en el entendido de que los fundamentos de una cultura política democrática y participativa se encuentran en la transformación democrática de la sociedad, del Estado y del régimen político; todo ello, sin perjuicio de las diferencias políticas e ideológicas propias de la contradicción y del conflicto social y de clase. Ejes articuladores básicos hacia una nueva cultura política se encuentran en la superación del individualismo, de la competencia a cualquier precio y del “sálvese quien pueda”, impuestos por el  capitalismo neoliberal, a fin de establecer los valores del humanismo, la solidaridad y la cooperación social; en la erradicación del clientelismo, la corrupción y la cultura mafiosa para dar paso al manejo transparente de la cosa pública; en desechar el tratamiento de conflictos concebido a partir de la represión, del exterminio o del doblegamiento del contrincante u opositor, para posibilitar el diálogo y las salidas negociadas. 

2. Acciones para la recuperación del valor y del significado de la política.

Avanzar hacia una cultura política democrática y participativa supone recuperar el valor y el significado de la política, y sustraerla del desprestigio a que ha sido sometida por la mayoría de los partidos políticos y de los políticos profesionales.  Se promoverán, por tanto, procesos de formación, educación y comunicación política en asuntos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales. De manera especial se propiciará la apropiación social de las políticas públicas, de los planes de desarrollo y de los presupuestos públicos. Se hará énfasis en los sectores sociales excluidos, discriminados y segregados, incluidas las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

3. Pedagogía para la apropiación social de la participación y sus mecanismos.

Los diseños de participación política y social que resulten de un eventual Acuerdo Final refrendado por una Asamblea Nacional Constituyente deberán ser apropiados socialmente.  Para ello, se generará, de manera conjunta, una pedagogía de la participación política y de sus mecanismos, orientada a garantizar y fomentar su conocimiento y uso efectivo,  con miras a fortalecer la defensa y la garantía de los derechos consagrados constitucionalmente. Tal pedagogía hará énfasis en los sectores sociales excluidos, discriminados y segregados, incluidas las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

4. Cultura política democrática y participativa y regulación de conflictos.

Se propiciará una cultura política fundamentada en la aceptación de las contradicciones y conflictos inherentes a la formación social, así como en el reconocimiento y respeto por el opositor político y el derecho universal a la subversión contra el Estado. Se fomentará el tratamiento de los conflictos derivados del modelo económico y del accionar del Estado y sus políticas a través de los mecanismos que brinda la política, principalmente a través del diálogo y la negociación. De manera especial, se emprenderá un programa de formación en regulación de conflictos para funcionarios públicos con cargos en la dirección del Estado, en todos sus niveles, nacional, departamental y municipal.

5. Proscripción de las doctrinas contrainsurgentes y de “seguridad nacional”.

La transformación estructural de la cultura política incluye la proscripción de las doctrinas contrainsurgentes y, en especial, de la doctrina de la “seguridad nacional”, impuestas por el Pentágono y la Escuela de las Américas en tiempos de la “guerra fría” y adoptadas como doctrina de las Fuerzas Militares del Estado. El destierro de esa doctrina conlleva el compromiso del Estado de emprender acciones para garantizar una revisión sustancial de la formación militar y de policía y hace parte, por tanto, de la necesaria conversión de las Fuerzas Militares y de Policía, en el evento de un Acuerdo final, de fuerzas de ocupación y de represión contra la población en fuerzas constructoras de paz con justicia social y verdaderas garantes de la soberanía nacional.

6. Pedagogía y didáctica del Acuerdo de paz y la reconciliación nacional.

Se diseñarán e implementarán los lineamientos para una pedagogía y una didáctica del Acuerdo de Paz y la reconciliación nacional. Tal pedagogía y didáctica serán incorporadas en el sistema de educación público y privado en todos sus niveles, así como en el conjunto de la institucionalidad del Estado. Su contenido se refiere al conjunto de acuerdos que conformen un eventual Acuerdo Final, así como a los resultados que arroje el informe de la Comisión de Revisión y Esclarecimiento de la Verdad de la Historia del Conflicto Interno Colombiano, conformada como parte de un eventual Acuerdo final. Se conformará una Comisión de la Pedagogía y la Didáctica de la Paz, integrada por las partes del Acuerdo, y con representación de los docentes y de los gremios de la educación. Se coordinarán labores y funciones con el ya propuesto Programa especial de información y comunicación para la reconciliación y paz con justicia social.

7. Reconocimiento y garantías a la protesta y la movilización social y popular, derecho a la subversión.

Se reconocerá el derecho a la protesta y la movilización social y popular, es decir el derecho a la subversión,  con independencia de las formas que ésta asuma, y se proveerán garantías para que tal derecho se pueda ejercer de manera efectiva. Además de los nuevos diseños legales a que hubiere lugar, se derogará toda normatividad actual restrictiva, especialmente la contenida en la Ley de Seguridad Ciudadana.

8. Prohibición de tratamiento militar a la protesta social y popular y desmonte del ESMAD.

Se prohibirá de manera expresa y taxativa cualquier tratamiento militar y de guerra a la legítima movilización o protesta social y popular. En especial, se procederá al desmonte del Escuadrón Antimotines y Disturbios, ESMAD. En lugar de la represión y el uso desproporcionado de la fuerza, se propiciará el diálogo y la solución negociada de los conflictos políticos y sociales.

9. No estigmatización y prohibición de la criminalización de los movimientos políticos, sociales y populares.

En desarrollo del derecho universal a la subversión y del derecho a cuestionar el orden capitalista, así como del derecho a ejercer la oposición contra las políticas del Estado y del gobierno y a proponer alternativas frente a éstas, se garantizará la no estigmatización de los movimientos políticos, sociales y populares, que practiquen estos derechos, y se proscribirá su criminalización. Actuaciones en ese sentido de funcionarios públicos de alto nivel, así como de medios masivos de comunicación, merecerán especial atención y estarán sometidas al control social y la veeduría ciudadana, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

 

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