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Viernes, 21 Febrero 2014 00:00

La corriente moderna es Constituyente.

Hacia la patria de nuestros mártires y de nuestros sueños. 
«Cuando el poder constituido vaya de la mano del poder soberano, que es el pueblo, no habrá quien detenga la gigantesca marcha hacia el desarrollo y la felicidad social, bajo el influjo de las poderosas fuerzas de la democracia»

Una nueva ola, la del poder constituyente, va tomando fuerza en el país. Se mueve al vapor de la conciencia tomada sobre la responsabilidad del poder constituido en esta crisis social, económica, política, ambiental, cultural y moral. Surge como apremiante necesidad ante la ilegitimidad del régimen, en franca etapa de descenso por la necrosis y las divergencias del bloque de poder dominante. 

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La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 17 de 2013

NUEVE PROPUESTAS MÍNIMAS SOBRE CULTURA POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Y DERECHO A LA PROTESTA Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL Y POPULAR


1. Condiciones para una cultura política democrática y participativa.   

El fortalecimiento de la participación política y social conlleva una necesaria transformación de la cultura política existente en el país. Se dispondrán todas las acciones a que hubiere lugar en ese sentido, en el entendido de que los fundamentos de una cultura política democrática y participativa se encuentran en la transformación democrática de la sociedad, del Estado y del régimen político; todo ello, sin perjuicio de las diferencias políticas e ideológicas propias de la contradicción y del conflicto social y de clase. Ejes articuladores básicos hacia una nueva cultura política se encuentran en la superación del individualismo, de la competencia a cualquier precio y del “sálvese quien pueda”, impuestos por el  capitalismo neoliberal, a fin de establecer los valores del humanismo, la solidaridad y la cooperación social; en la erradicación del clientelismo, la corrupción y la cultura mafiosa para dar paso al manejo transparente de la cosa pública; en desechar el tratamiento de conflictos concebido a partir de la represión, del exterminio o del doblegamiento del contrincante u opositor, para posibilitar el diálogo y las salidas negociadas. 

2. Acciones para la recuperación del valor y del significado de la política.

Avanzar hacia una cultura política democrática y participativa supone recuperar el valor y el significado de la política, y sustraerla del desprestigio a que ha sido sometida por la mayoría de los partidos políticos y de los políticos profesionales.  Se promoverán, por tanto, procesos de formación, educación y comunicación política en asuntos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales. De manera especial se propiciará la apropiación social de las políticas públicas, de los planes de desarrollo y de los presupuestos públicos. Se hará énfasis en los sectores sociales excluidos, discriminados y segregados, incluidas las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

3. Pedagogía para la apropiación social de la participación y sus mecanismos.

Los diseños de participación política y social que resulten de un eventual Acuerdo Final refrendado por una Asamblea Nacional Constituyente deberán ser apropiados socialmente.  Para ello, se generará, de manera conjunta, una pedagogía de la participación política y de sus mecanismos, orientada a garantizar y fomentar su conocimiento y uso efectivo,  con miras a fortalecer la defensa y la garantía de los derechos consagrados constitucionalmente. Tal pedagogía hará énfasis en los sectores sociales excluidos, discriminados y segregados, incluidas las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

4. Cultura política democrática y participativa y regulación de conflictos.

Se propiciará una cultura política fundamentada en la aceptación de las contradicciones y conflictos inherentes a la formación social, así como en el reconocimiento y respeto por el opositor político y el derecho universal a la subversión contra el Estado. Se fomentará el tratamiento de los conflictos derivados del modelo económico y del accionar del Estado y sus políticas a través de los mecanismos que brinda la política, principalmente a través del diálogo y la negociación. De manera especial, se emprenderá un programa de formación en regulación de conflictos para funcionarios públicos con cargos en la dirección del Estado, en todos sus niveles, nacional, departamental y municipal.

5. Proscripción de las doctrinas contrainsurgentes y de “seguridad nacional”.

La transformación estructural de la cultura política incluye la proscripción de las doctrinas contrainsurgentes y, en especial, de la doctrina de la “seguridad nacional”, impuestas por el Pentágono y la Escuela de las Américas en tiempos de la “guerra fría” y adoptadas como doctrina de las Fuerzas Militares del Estado. El destierro de esa doctrina conlleva el compromiso del Estado de emprender acciones para garantizar una revisión sustancial de la formación militar y de policía y hace parte, por tanto, de la necesaria conversión de las Fuerzas Militares y de Policía, en el evento de un Acuerdo final, de fuerzas de ocupación y de represión contra la población en fuerzas constructoras de paz con justicia social y verdaderas garantes de la soberanía nacional.

6. Pedagogía y didáctica del Acuerdo de paz y la reconciliación nacional.

Se diseñarán e implementarán los lineamientos para una pedagogía y una didáctica del Acuerdo de Paz y la reconciliación nacional. Tal pedagogía y didáctica serán incorporadas en el sistema de educación público y privado en todos sus niveles, así como en el conjunto de la institucionalidad del Estado. Su contenido se refiere al conjunto de acuerdos que conformen un eventual Acuerdo Final, así como a los resultados que arroje el informe de la Comisión de Revisión y Esclarecimiento de la Verdad de la Historia del Conflicto Interno Colombiano, conformada como parte de un eventual Acuerdo final. Se conformará una Comisión de la Pedagogía y la Didáctica de la Paz, integrada por las partes del Acuerdo, y con representación de los docentes y de los gremios de la educación. Se coordinarán labores y funciones con el ya propuesto Programa especial de información y comunicación para la reconciliación y paz con justicia social.

7. Reconocimiento y garantías a la protesta y la movilización social y popular, derecho a la subversión.

Se reconocerá el derecho a la protesta y la movilización social y popular, es decir el derecho a la subversión,  con independencia de las formas que ésta asuma, y se proveerán garantías para que tal derecho se pueda ejercer de manera efectiva. Además de los nuevos diseños legales a que hubiere lugar, se derogará toda normatividad actual restrictiva, especialmente la contenida en la Ley de Seguridad Ciudadana.

8. Prohibición de tratamiento militar a la protesta social y popular y desmonte del ESMAD.

Se prohibirá de manera expresa y taxativa cualquier tratamiento militar y de guerra a la legítima movilización o protesta social y popular. En especial, se procederá al desmonte del Escuadrón Antimotines y Disturbios, ESMAD. En lugar de la represión y el uso desproporcionado de la fuerza, se propiciará el diálogo y la solución negociada de los conflictos políticos y sociales.

9. No estigmatización y prohibición de la criminalización de los movimientos políticos, sociales y populares.

En desarrollo del derecho universal a la subversión y del derecho a cuestionar el orden capitalista, así como del derecho a ejercer la oposición contra las políticas del Estado y del gobierno y a proponer alternativas frente a éstas, se garantizará la no estigmatización de los movimientos políticos, sociales y populares, que practiquen estos derechos, y se proscribirá su criminalización. Actuaciones en ese sentido de funcionarios públicos de alto nivel, así como de medios masivos de comunicación, merecerán especial atención y estarán sometidas al control social y la veeduría ciudadana, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

 

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La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, agosto 27 de 2013

PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARA LA DEMOCRATIZACIÓN REAL,
LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

Seis propuestas mínimas para la Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica.

En desarrollo de las propuestas para la Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, se presenta el siguiente conjunto de iniciativas correspondiente al segundo punto sobre Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica:

1.    Proceso de la política pública democrática y con participación social y popular.
2.    Participación social y popular en los organismos del CONPES, del CONFIS y de la Junta Directiva del Banco de la República.
3.    Procesos de planeación democráticos y con participación social y popular.
4.    Procesos de política presupuestal democráticos y con participación social y popular
5.    Contraloría social a los planes de desarrollo y presupuestos públicos.
6.    Política macroeconómica para el buen vivir de la población y un verdadero Estado social de derecho.

1. Proceso de la política pública democrático y con participación social y popular

En consideración a que el sistema político y de representación electoral que sirve de fundamento al proceso de la política pública no es expresivo de las aspiraciones democráticas de la sociedad, dadas sus configuraciones fraudulentas y su precaria legitimidad, y como parte de la necesaria democratización política y social, se deben proveer los correspondientes diseños institucionales a fin de garantizar la participación política y social en el proceso de la política pública; esto es, en su diseño, implementación y evaluación. Las definiciones acerca de la orientación estratégica del proceso económico, de la política macroeconómica, así como de la inserción de la economía colombiana en la economía mundial y en los procesos de integración, no puede ser un asunto exclusivo de élites y poderosos grupos económicos, o de corporaciones transnacionales, representados en las instancias decisorias de los poderes ejecutivo y legislativo y en el pensamiento tecnocrático. Tales definiciones deben ser el producto de la deliberación y la concertación democráticas. Para avanzar en ello, se propone la conformación del Consejo Nacional de la Política Pública Democrática y Participativa, encargado de la definición de propósitos y lineamientos en esa materia, atendiendo el principio y la garantía de la soberanía nacional, los intereses de los desposeídos y su buen vivir, así como la materialización efectiva de los derechos consagrados constitucionalmente. En dicho Consejo, además de la representación del poder ejecutivo y del poder legislativo, y de los gremios económicos, estarán representados los trabajadores organizados, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y demás sectores sociales excluidos, especialmente los jóvenes y las mujeres. La democratización del proceso de la política pública comprende iguales diseños orientados a la inclusión y el fortalecimiento de las diversas formas de economía popular.

2. Participación social y popular en los organismos del CONPES, del CONFIS y de la Junta Directiva del Banco de la República.

Con el propósito de estimular la participación social y popular y de promover la transparencia y el control social en las orientaciones y decisiones de política económica, se proveerá los correspondientes diseños institucionales. Se ampliará la conformación del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, máxima autoridad de planeación, incorporando representantes de los trabajadores organizados, así como de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, quienes serán designados atendiendo su respectiva autonomía y la requerida idoneidad técnica. En igual sentido se procederá con el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, o con los CONFIS territoriales, organismos rectores de la política fiscal y coordinadores del sistema presupuestal. Cuando lineamientos o actuaciones del CONPES comprometan regiones o territorios específicos, o políticas sectoriales, serán invitados representantes de las comunidades o de los trabajadores afectados. Se reconocerá y garantizará la iniciativa de los representantes de los sectores sociales y populares en estos organismos. En el caso de la Junta Directiva del Banco de la República, al menos uno de sus integrantes deberá ser elegido democráticamente de candidatos postulados por los trabajadores organizados, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, atendiendo la requerida idoneidad técnica.

3. Procesos de planeación democráticos y con participación social y popular.

Los procesos de planeación serán democráticos y participativos en las etapas de elaboración, discusión, aprobación y ejecución, en los niveles nacional, departamental y municipal. Se proveerán los diseños institucionales para garantizar la participación social y popular, sin perjuicio y con el perfeccionamiento de las funciones del poder legislativo y del poder de control constitucional en esta materia. Los Consejos de Planeación serán fortalecidos en todos sus niveles y se les reconocerá mayor protagonismo en el proceso de la planeación; su conformación será ampliada con representantes de los procesos populares y de las comunidades organizadas; gozarán de autonomía plena en la elección de sus integrantes, la cual será mediante elección directa; sus decisiones tendrán carácter vinculante. Los diseños institucionales deberán, en todo caso, garantizar el reconocimiento de la iniciativa popular en materia de planeación.

4. Procesos de política presupuestal democráticos y con participación social y popular.

El proceso de la política presupuestal será democrático y participativo en las etapas de elaboración, discusión, aprobación y ejecución, en los niveles nacional, departamental y municipal. Se proveerán los diseños institucionales para garantizar la participación social y popular, sin perjuicio y con el perfeccionamiento de las funciones del poder legislativo y del poder de control constitucional en esta materia. Los presupuestos públicos serán participativos y deberán atender los requerimientos de las Asambleas ciudadanas y de los Cabildos, en sus diferentes niveles, las cuales tendrán carácter decisorio, especialmente cuando las demandas de asignación de recursos de gasto comprometan el respectivo nivel territorial. Se conformarán los Consejos de la política presupuestal en el nivel nacional departamental y municipal, con participación de los procesos populares y de las comunidades organizadas; sus integrantes serán escogidos autónomamente en elección directa. Sus decisiones tendrán carácter vinculante. Los diseños institucionales deberán, en todo caso, garantizar el reconocimiento de la iniciativa popular en materia de política presupuestal. Se conformará una Auditoría especial, integrada por expertos nacionales e internacionales para dictaminar acerca de la legitimidad histórica del endeudamiento público. Tal auditoría deberá producir un informe sobre el  proceso de contratación de la deuda y sobre el destino final de los recursos.  En ningún caso, el servicio de la deuda pública deberá comprometer las funciones sociales del Estado.

5. Contraloría social a los planes de desarrollo y presupuestos públicos

Sin perjuicio de las funciones constitucionales y legales de la Contraloría General de la República, para efectos de garantizar la participación social y popular y velar por el cumplimiento de los planes de desarrollo y los presupuestos públicos se creará la Contraloría social. La Contraloría social es un organismo autónomo, colegiado, cuya funciones principales consisten en promover la participación de la ciudadanía y la comunidad en la supervisión, control y seguimiento de los planes y presupuestos; estar informada e informar a la ciudadanía y la comunidad acerca de la ejecución de programas y proyectos de inversión ejecutados en los distintos niveles de gobierno, verificar su implementación y el cumplimiento de los resultados, y garantizar la administración y ejecución transparente y efectiva de los recursos, servicios y obras para el buen vivir de la población. La elección de los integrantes de la Contraloría social, en sus diversos niveles, será directa, atendiendo criterios de idoneidad, ética de lo público y compromiso social.

6. Política macroeconómica para el buen vivir de la población y un verdadero Estado social de derecho

Se reformarán los regímenes constitucionales de banca central y de sostenibilidad fiscal, considerando que sus diseños están concebidos principalmente para responder a los requerimientos de garantía de los organismos multilaterales y de las calificadoras de riesgo para el pago del servicio de la deuda pública y de control de la inflación, antes que en función de la materialización de los derechos de la población. El mandato constitucional al Banco de la República de preservar el poder adquisitivo de la moneda, será ampliado para incluir su compromiso con el crecimiento y el desarrollo económicos y la generación de empleo. Frente al régimen de autonomía deberán fortalecerse los controles del poder legislativo, en atención a su actual precariedad. Sus miembros deberán ser elegidos democráticamente considerando criterios de experticia, mérito y compromiso social. Se establecerá igualmente el control y la veeduría ciudadana. Para tal efecto, se conformará una “Comisión de seguimiento de decisiones de política monetaria y cambiaria”, conformada por académicos expertos y por representantes de las organizaciones sociales y populares. Se suprimirá el techo fiscal impuesto a la Constitución por el principio de la sostenibilidad fiscal y su desarrollo legal, la regla fiscal, que limita las condiciones de financiación de los derechos. En lugar de un Estado fiscal de derecho lo que la población reclama es un verdadero Estado social y democrático de derecho, que garantice el buen vivir y la soberanía económica de la Nación.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

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