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Por: Marco León Calarcá, Integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP.

 

Siempre es 26
A los caídos en los asaltos a
los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes
In memorian
 

Uno de los obstáculos serios en el camino hacia la firma de un acuerdo final es la inocultable existencia del paramilitarismo y no solo de sus nefastas consecuencias sino principalmente de las fuentes que le permitieron ser y perdurar: las doctrinas contrainsurgentes emanadas de la teoría de la seguridad nacional y su principio de combatir al enemigo interno traducido como el pueblo y sus organizaciones.

La práctica paramilitar no es pasado, funciona en la actualidad, es aún instrumento del gobierno para la guerra sucia, la represión y el terror, así lo demuestra el primer informe, hecho público y entregado a La Mesa de Conversaciones por la Delegación de Paz de las FARC-EP el 9 de julio pasado.

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La Habana, 8 de Julio de 2015

RESUMEN:

Actualmente Colombia atraviesa un momento decisivo en su historia, tras más de cinco décadas de conflicto armado interno; los Diálogos de paz que se desarrollan en La Habana parecen ofrecer una real posibilidad de terminación de la confrontación. Sin embargo la consecución de la paz exige combatir dificultades y abordar retos, entre ellos sin duda el más ineludible es crear las condiciones para las garantías de no repetición de la violencia. Y para ello un aspecto fundamental es la eliminación de las estructuras paramilitares y parapolíticas.

Mediante el presente documento se presenta a la Mesa de Conversaciones una propuesta para acordar e implementar un mecanismo y un proceso, insertos en el Sistema Integral que hemos acordado construir, que permita la eliminación definitiva de las estructuras paramilitares y parapolíticas.

 

Anexo 1:

A continuación se expondrá a grandes rasgos su historia, sus objetivos, sus funciones y organización.

  • HISTORIA DE LA CICIG

Al igual que Colombia, Guatemala atravesó un grave conflicto armado interno que duró 36 años, en el que proliferaron grupos paraestatales. Con posterioridad a la terminación del conflicto, en 1996, la situación del país no mejoró sustancialmente en cuanto a las cifras de violencia, pero si hubo un cambio de actores, pues pasaron a protagonizar los hechos la delincuencia común y las mafias organizadas.

Frente a dicha situación la ONU mediante la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) se enfocó en informar la presencia de estos grupos y su influencia en las instituciones estatales. Como consecuencia de estos factores y de las solicitudes de Organizaciones No Gubernamentales Defensores de Derechos Humanos, se solicitó al gobierno la creación de un órgano encargado de investigar y acusar ante los jueces y tribunales a estas organizaciones al margen de la ley. A los efectos anteriores el gobierno de Guatemala solicitó la asistencia del Departamento de Asuntos Políticos (Department of Political Affaires -DPA) de la ONU.

Jueves, 07 Mayo 2015 00:00

Con guerra sucia no tendremos paz

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La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, mayo 7 de 2015

El anhelado escenario del post Acuerdo de paz para Colombia, no podrá ser si antes no se desmonta efectivamente el paramilitarismo. En otras palabras, la paz con guerra sucia no será la paz. Al comandante del M-19, Carlos Pizarro, lo asesinaron 48 días después de haber firmado el acuerdo de Santo Domingo (Cauca), con el Gobierno de Virgilio Barco. Ese fue el triunfo de la intolerancia y de la contumacia guerrerista y la derrota de una decisión política insurgente, que pudo constituirse en paradigma para procesos posteriores, en ejemplo de lo que debe ser un acuerdo serio de reconciliación. Aquel desenlace fatal solo logró extender una gran mancha de desconfianza sobre las palabras que los gobiernos plasman en los papeles de paz.

«El Presidente anunció que expropiará las tierras a los campesinos pobres. El principal obstáculo para la realización de sus propósitos son las FARC-EP»

Por Gabriel Ángel

Se ha hecho tradición que un número importante de estudiosos del tema se refiera a la implementación paulatina en nuestro país de una verdadera contrarreforma agraria. Su aserto se funda en el concienzudo análisis de las crecientes cifras sobre concentración de la propiedad rural. Según éstas es claro que con el desbordamiento del fenómeno paramilitar y el consiguiente desplazamiento masivo de centenares de miles de colonos, poseedores y dueños de pequeños y medianos predios en diversas zonas del país, se aumentó en forma escandalosa el monopolio de la tierra por parte de un grupo cada vez más reducido de propietarios agrícolas, a los cuales se ha identificado en diversas oportunidades con actividades de narcotráfico.

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