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La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, junio 2 de 2015
 

EL 26 de mayo de 2013, se suscribió el Primer Acuerdo Parcial referido a la necesidad de una reforma rural integral para Colombia, que beneficiara sobre todo al campo y a su población marginada y victimizada durante décadas. Aquel documento lo denominamos “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”. Ninguno de los puntos de aquel histórico texto que tiene como único beneficiario a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, o de composición interétnica e intercultural que son las más relegadas del país. Sin embargo, luego de dos años de ese evento, con el argumento vano de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, en vez de mejorar, la situación social empeora para la gente de aquellas áreas sometidas a la represión o al olvido. Al contrario, lo que sí avanza vertiginosamente son las iniciativas neoliberales de extranjerización de la tierra, de crecimiento del latifundio y entrega a las trasnacionales. El impulso a la creación de las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), a instancias del mismo ministerio del interior, con el fin de aniquilar las Unidades Agrícolas Familiares y concretar el desalojo del campo, sigue su marcha en total oposición a las exigencias de las organizaciones agrarias y a lo pactado en La Habana.

Así son los contrasentidos de la política de paz del gobierno Santos, y quizás ello explique la dilación en la materialización del acuerdo sobre Víctimas. Precisamente en este mes se cumple un año de haberse iniciado el análisis de tal temática de la Agenda, con la suscripción de la “Declaración de principios para la discusión del punto 5 de la Agenda: “Víctimas”. Y aunque las FARC ya pusieron todas sus propuestas y las de las comunidades sobre la Mesa, aún no hay ninguna respuesta de solución por parte del gobierno.

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