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Lunes, 22 Febrero 2016 00:00

Sin miedo a la “Caja de Pandora”

Escrito por Julián Subverso
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Por: Julián Subverso, integrante de la Delegacion de Paz de las FARC-EP.

Antes de 1945, la mayoría del mundo occidental se regía por la llamada democracia liberal, el imperio de la ley. Está democracia procedimental que en su momento se pensó perfecta, demostró sus grandes falencias después de que los NAZIS en Alemania ascendieran al poder. El mundo de la normatividad estatal se dio cuenta de que ese tipo de democracia, por más que respetara la ley, también abría el camino, a que cualquiera, siguiendo lógicas procedimentales legales, pudiera monopolizar el poder, oprimir, perseguir y totalizar sin salirse de los marcos establecidos por dicha democracia.

Hoy en día no es que haya cambiado mucho los objetivos de los detentores del poder, pero después de la segunda guerra mundial, se instituyó un sistema de democracia que impone unos principios básicos de humanidad  a seguir  y que son la premisa de las leyes por encima de las cuales no se puede pasar, es decir, no bastaban unos meros mecanismos legales, hacía falta una visión, unas premisas humanitarias e ideológicas que pusieran en el centro del contrato social, no a la ley, sino al hombre, al servicio del cual esta debe operar.

Estos principios constitucionales de respeto a la vida, a los derechos humanos, la paz y el bien,  fueron puestos por encima de las fríos mecanismo procedimentales de la ley y le dieron primacía a la constitución; fue así que se empezaron a imponer las llamadas democracias constitucionales, que en Colombia por ejemplo apenas viene a operar desde la década de los años 90. Claro está, todo esto de los principios constitucionales hablado desde lo puramente formal, pues dicha democracia en Colombia ya ha demostrado su ineficiente funcionamiento, quizás por esa misma concepción formal que se ha impuesto acompañada de su propio modelo económico como actor de hecho.

Algunos días atrás, en una especie de charla con cierto personaje bastante instruido en el tema de políticas estatales y normatividad constitucional, pude confirmar esa visión formal, quizás por ignorancia, quizás premeditadamente, sobre la refrendación de los acuerdos de paz, la Asamblea Nacional Constituyente y sobre todo su visión robótica, suponiendo que sea solo eso, de la política. El respetado personaje se admiraba del esquema político de Colombia al compararlo con los demás países de la región, evidenciando su punto de vista estrictamente teórico sobre asuntos que la practica debe legitimar, y que en Colombia, por su puesto, dichos conceptos se diluyen en el ácido de la rutina.

Incluso la alusión constante que  hacen algunos al jurista Luigi Ferrajoli, a propósito de la entrevista que concedió al Espectador, en donde obvia la refrendación por parte del pueblo de los acuerdos alcanzados en La Habana, si bien tiene razón en sus argumentos desde el punto de vista teórico, conceptual e inclusive humano desde una óptica general, en orden a sanar heridas, a impulsar el acuerdo, a que el pueblo sienta que su participación es verdadera y en aras de la reconciliación, es decir, desde el punto de vista político y no solo normativo, esta aseveración en el contexto colombiano es insuficiente para consolidar un acuerdo de paz.

Recuerdo además, que durante la entrevista que RCN le hizo al Comandante Pastor Alape, el periodista preguntaba al camarada si las FARC iban a desconocer la voluntad del pueblo si el plebiscito llevado a cabo de forma unilateral, y por lo tanto ilegitimo a la luz del acuerdo general de La Habana, por el gobierno colombiano fuera realizado.

Sin el ánimo de reiterar que procedimentalmente, desde el punto de vista de las normas y los mecanismos inscritos en la constitución colombiana, no es válido el mecanismo del plebiscito como medio de refrendación, lo cual refuta al gobierno en el campo que más le gusta, quisiera resaltar ciertas cosas.

En una coyuntura especial, histórica y tan importante como la que esta atravesando el país, con la posibilidad de poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo y empezar a construir la paz, las mentes de aquellos involucrados directamente en el esfuerzo por alcanzar el éxito en dicha empresa, debe ser lúcida y verdaderamente política.

Digo que verdaderamente política, puesto que las perspectivas y decisiones no pueden suscribirse estrictamente a una visión tecnócrata. Ha de tenerse en cuenta por supuesto, pero los asuntos humanos, y más en la solución de un conflicto de estás dimensiones, las simples reglas, los procedimientos, la técnica o la lógica puramente instrumental no son suficientes. Es necesario en este sentido, una visión política que sea integral y de acuerdo a los nobles ideales de paz, vida y dignidad.

Esgrimir que iniciativas como el plebiscito son la expresión absoluta de la voluntad del pueblo, quizás desde esa visión rígida y limitada de la regla y el procedimiento sea cierta; pero desde la necesidad de alcanzar colectivamente la paz y la transformación hacia una Colombia diferente con garantías de no repetición, el simple voto por un si o por un no con los umbrales propuestos no es políticamente aceptable como la legítima voluntad del pueblo ni menos ante una decisión tan importante como esta, que por lo demás cualquier persona medio cuerda seguro votaría que si, pues nadie en su sano juicio querría estar sumido en la guerra a menos que esta le representase beneficios personales.

La palabra voluntad lleva implícita una posición activa, y si argumentamos que se trata es de hacer un pacto social y político de nunca más, y  sobre todo si decimos que la paz es asunto de todos, no podemos más que establecer la mayor coherencia con estas premisas y en consecuencia con lo acordado en la mesa, llevar a cabo el único mecanismo que ante los ojos del pueblo lo pone como legitimador y participante real de este nuevo amanecer del pueblo colombiano, la Asamblea Nacional Constituyente.  

No se trata si quiera de romper las reglas, aunque no estaría mal, pues para comenzar algo diferente es necesario hacer algo diferente, sino de tener sentido político, humano y concreto de la situación especial que ahora nos implica. Pretender comenzar un acuerdo político y social que conmina a una participación más democrática y activa del pueblo en el que hacer nacional como lo estipula el segundo acuerdo sobre participación política, mediante una simple consulta, que además por su naturaleza no es ni vinculante ni tiene fuerza normativa, es una contravención.

¿A qué le teme la clase dirigente?, si supuestamente esta comprometida con la paz, con acabar las causas que desembocan en el conflicto armado, ¿por qué no darle a los acuerdos la seguridad suficiente y  al pueblo la oportunidad de sentirse verdaderamente legítimo y participe de este pacto por medio de su más poderoso instrumento como constituyente primario?

Para ellos, la constituyente es una caja de pandora que podría traer resultados adversos a su política de exclusión y represión, la cual a su vez es representante del modelo económico causante de la guerra. Nosotros, como parte del pueblo, como parte de los excluidos, no le tememos a su voluntad siempre que esta sea verdadera, legítima, pues estamos seguros y confiados en la fuerza arrolladora del pueblo por la paz.

Un acuerdo definitivo para la construcción de una paz estable y duradera, en el entendido de que la paz no la hace ni el gobierno, ni las FARC-EP, sino todo el pueblo en unión y en su conjunto, ha de trascender los limitados mecanismos de participación expuestos por el gobierno y que solo satisfacen un procedimiento normativo, y tendrá que ser llevado a cabo con el impulso genuino de una constituyente que solo el soberano real puede ejercer.


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