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Lunes, 29 Junio 2015 00:00

Vislumbremos

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Santos confesó públicamente el asesinato del Cdte. Alfonso Cano Santos confesó públicamente el asesinato del Cdte. Alfonso Cano

Por Marco León Calarcá, Integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP

Según se dice, Colombia entera está decidida por penas para la insurgencia, desde cárcel hasta las denominadas alternativas, pero en todo caso castigo para el accionar guerrillero. Por fortuna, acá a La Mesa en La Habana, llegan otras voces y percepciones que desmienten esa supuesta unanimidad pretendida y trabajada por los llamados formadores de opinión.

Desde estudios sesgados por financiación, hasta independientes con apreciables niveles de objetividad y realismo y otros comprometidos con la causa de la paz como el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, son concluyentes en la responsabilidad del Estado y sus diferentes gobiernos del conflicto social, armado, político y cultural que vivimos. Se incluye el paramilitarismo como política de Estado.

Al lado de los dos contendientes principales: Guerrilla, como pueblo organizado en uso del derecho a la rebelión contra la injusticia y la opresión y Estado, con todo su aparataje institucional, paraestatal y paramilitar; se mueven fuerzas que actúan de acuerdo a sus intereses y participan según sus posibilidades, en actitud lícita.

Para las fuerzas populares coincidentes con la insurgencia, la respuesta del establecimiento es mayor represión y violaciones de todos sus derechos. En cambio los amigos de la guerra participan directamente en financiación y determinación de acciones paramilitares, con total respaldo de sectores del Estado. Encontramos ahí una verdadera madeja de narcotráfico, intereses políticos, aspiraciones de clase y falta absoluta de ética y moral.

Las FARC-EP es reiterativa en su disposición a asumir sus responsabilidades por afectación a terceros con sus acciones de guerra, por ejemplo: pidió perdón públicamente a la comunidad de Bojayá por el lamentable error cometido. Ninguna acción está dirigida a dañar a la población civil.

Y en ese clima de responder por las acciones, se presenta un posible escenario, la firma del Acuerdo Final.

Vislumbremos: La delegación del gobierno colombiano presidida por Juan Manuel Santos, seguro en ese momento llamado “el Presidente de la Paz” y el Comandante en Jefe de las FARC-EP Timoléon Jiménez, acompañado de la Delegación de Paz, firman el acuerdo final. Jolgorio popular, hora de los triquitraques satisfacción de las víctimas, representantes de países amigos y organismos multilaterales, prensa nacional e internacional registrando el memorable hecho. ¡Fin de la confrontación!, ¡inicio de la Paz!

El acto inmediato, según los grandes formadores de opinión es pasar a la cárcel o a algún lugar de reclusión para pagar las penas, visto desde la óptica del poder y sus áulicos, es una situación apenas normal para los rebeldes, no puede haber impunidad, debe haber castigo, se afirma.

Quienes consideran esto como algo lógico y por tanto lo promueven, ¿ven al Presidente Santos recluido en una de sus propiedades?, ¿Anapoima?, ¿Cartagena?, ¿Bogotá? Razones hay de sobra, pero basta una, el asesinato del comandante Alfonso Cano, la soberbia prepotente lo llevó a confesarlo públicamente, a jactarse del crimen ante los micrófonos, con eso nos evitamos el debate sobre su responsabilidad en los llamados falsos positivos y otras tantas acciones presentadas como de guerra que configuran delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Dice el refranero popular “todos en la cama o todos en el suelo”. La guerra no la hace una sola de las partes, igual que en el baile se necesitan mínimo dos.

La paz debe ser más nutrida, es necesaria la decidida participación de todos y todas.

Nota
El fundamentalismo jurídico obstaculiza, casi hasta lo imposible, un eventual Acuerdo Final.

URL Corto: http://goo.gl/laZVu9

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Marcoleón Calarcá

Columnista del Lunes
Integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP e Integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP

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