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Miércoles, 10 Diciembre 2014 00:00

Los guerrilleros de las FARC-EP no podrán ser penalizados

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Por Matías Aldecoa

Las  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, manifestaron en su pronunciamiento de hoy diez de diciembre,  desde La Habana, que no se les puede culpar de haber cometido “crímenes de lesa humanidad”.

La sustentación la hacen basándose en las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), las cuales son de ‘obligatorio cumplimiento’ tanto por los gobiernos y los ejércitos participantes en un conflicto internacional, como por una fuerza rebelde levantada en armas contra la opresión -y el gobierno correspondiente- en un conflicto ‘no internacional’.

El documento, leido por el comandante Pablo Catatumbo frente a periodistas en el Palacio de las Convenciones, es la segunda entrega ("Reflexión 2") de una serie titulada “La rebelión frente a la paz como Derecho Síntesis”.

La Organización, alzada en armas desde 1964 contra el Estado colombiano, toma como principio el derecho a la rebelión, reconocido en la “Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948”.

El derecho a la rebelión fue además reconocido en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos -llamada también Declaración de Argel-, hecha en Argel, el 4 de julio de 1976, cuando los pueblos africanos se liberaban, mediante el recurso de las armas, y con el apoyo de algunos estados socialistas, de las abominables garras del colonialismo.

En el preámbulo de la ‘Declaración de Argel’ se lee: “… por un conjunto de prácticas a las que se les llama neo-colonialismo, el imperialismo extiende su dominación a numerosos pueblos […] Que todos los que, a través del mundo, libran la gran lucha, a menudo con las armas en la mano, por la libertad de todos los pueblos, encuentren en la presente declaración la seguridad de que su lucha es legítima”.

Y más abajo en el Artículo 28: “Todo pueblo cuyos derechos fundamentales sean gravemente ignorados tiene el derecho de hacerlos valer especialmente por la lucha política o sindical, e incluso, como última instancia, por el recurso a la fuerza”.

Como se sabe, el gobierno del presidente Santos, en el marco de los diálogos de La Habana con las FARC-EP, que buscan poner fin la guerra civil de medio siglo, pretende llevar a la cárcel a los mandos superiores de esta Organización, con el argumento, rebatible, que la Corte Penal Internacional exige que respondan ‘al menos’ por los “crímenes de lesa humanidad”.

El debate sobre el tema es profuso y las opiniones abarcan desde la posición gubernamental hasta la de las FARC, quienes afirman que no han incurrido en los llamados crímenes de lesa humanidad por cuanto “se entiende por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquier acto  de asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas del derecho internacional, tortura, violencia sexual, persecución de un grupo o colectividad, desaparición forzada de personas, u otros actos inhumanos de carácter similar, cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, lo cual no ha ocurrido.

No se le puede atribuir delitos de “lesa humnidad’ a una organización insurgente que, como las FARC-EP, su razón de ser es la lucha por el pueblo, y gracias al apoyo de este, se mantiene librando una guerra desproporcionadamente asimétrica, frente a la cual el estado colombiano ha reconocido su fracaso, a pesar de contar con el apoyo de la abrumadora capacidad militar y tecnológica de los Estados Unidos.

Otro argumento esgrimido por la guerrilla de las FARC-EP es el vacío que para los conflictos ‘no internacionales’ (lease internos) mantiene el DIH. Esta situación “obliga aplicar con carácter general en estos […] el articulo 3 común de las Convenciones así como la denominada “Clausula Martens”, todo ello interpretado conforme al derecho consuetudinario”.

La Cláusula Martens se introdujo en los preámbulos de la Segunda Convención de La Haya sobre Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y dice:

“Hasta que un Código más completo de las Leyes de guerra se emita, las Altas Partes Contratantes juzgan oportuno declarar que, en los casos no incluidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho internacional, tal como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y las exigencias de la conciencia pública”.

Con estas premisas las FARC-EP ponen sobre la mesa de la discusión argumentos de grueso calibre, universales, si se quiere, que encarnan principios del humanismo como la libertad y la dignidad del ser humano y el derecho de los pueblos a su autodeterminación. Frente al alegato del Gobierno Nacional y la fiscal de la Corte Penal Internacional, quienes, de manera interesada, pretenden aplicar unas normas fabricadas con el ánimo de hacer prevalecer los poderes hegemónicos imperiales.

Los temas señalados son solo una parte del amplio y complejo debate actual que busca encontrar fórmulas aceptables para la insurgencia, en el ámbito de aplicación de “justicia”, para la firma de un eventual acuerdo de paz con “dejación de armas”. Los comandantes guerrilleros han expresado, enfáticamente, no estar dispuestos a ir a la cárcel ni un solo día.


Video: Reflexión 2: La rebelión frente a la paz como Derecho Síntesis - Cdte. Pablo Catatumbo


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