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Jueves, 06 Junio 2013 00:00

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

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Desarrollo rural y agrario para la democratización y la paz con justicia social de Colombia

Reforma del Estado e institucionalidad democrática y participativa

97. Reforma y reestructuración del Estado.

Las políticas y medidas aquí formuladas, sólo serán posibles si se emprende un proceso de reforma y reestructuración del Estado que garantice contenidos y diseños de política pública en función de los intereses de la sociedad, en general, y de la población del campo en particular. Ello implica, desneoliberalizar y desprivatizar el Estado para ponerlo al servicio de la soberanía nacional y de la transformación democrática y del desarrollo del campo; recuperar su capacidad de liderazgo; y promover su acción planificada. Además de su función productiva y de provisión de infraestructura, se requiere un Estado profundamente comprometido con la superación de la desigualdad y la pobreza y el buen vivir de la población.

98. Institucionalidad para la transformación democrática del campo.

Se requiere la conformación y el fortalecimiento de una nueva institucionalidad estatal democrática y participativa en capacidad de dar respuesta a los requerimientos de la política de desarrollo rural y agrario integral para la democratización y la paz con justicia social, aquí formulada. Tal institucionalidad, además de posibilitar la participación activa de las comunidades rurales y de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes en el diseño y la ejecución de la política pública para el campo, debe reconocer la capacidad de autogobierno y autogestión de estas comunidades y organizaciones, lo cual implica un nuevo tipo de relacionamiento entre el Estado y la comunidad organizada.

99. Nueva institucionalidad fiscal.

En atención a que las transformaciones aquí propuestas, demandan la disposición extraordinaria de recursos del presupuesto durante un período de al menos diez años, mientras se generan y consolidan las condiciones para una paz estable y duradera, y a que existe actualmente una institucionalidad fiscal del nivel constitucional, que impone la sostenibilidad fiscal, y del nivel legal, que obliga a la regla fiscal, se hace necesario realizar las reformas que garanticen tal disposición de recursos, sin menoscabo de las condiciones de una macroeconomía razonable.

100. Asamblea Nacional Constituyente.

Considerando que el conjunto de políticas y acciones aquí propuestas requieren un marco jurídico institucional adecuado, que las más importantes de ellas superan los diseños constitucionales actuales, y que una paz estable y duradera sólo es posible con la más amplia participación social y popular, se hace imperiosa la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, como mecanismo de refrendación y diseño definitivo de la nueva política de desarrollo rural y agrario integral para la democratización y la paz con justicia social.

 

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