(Por Atilio A. Boron)  La escalada desestabilizadora que actualmente sufre la Venezuela bolivariana tiene un objetivo no negociable: el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. No hay un ápice de interpretación de quien esto escribe en esta afirmación. Fue expresada en reiteradas ocasiones no sólo por los manifestantes de la derecha en las calles sino por sus principales líderes e instigadores locales: Leopoldo López (ex alcalde del municipio de Chacao, en Caracas, y jefe del partido Voluntad Popular)  y María Corina Machado, diputada por Súmate a la Asamblea Nacional de Venezuela.  En más de una ocasión se refirieron a las intenciones que perseguían con sus protestas utilizando una expresión a la que regularmente apela el  Departamento de Estado: “cambio de régimen”, forma amable y eufemística que reemplaza a la desprestigiada “golpe de estado”. Lo que se busca es precisamente eso: un “golpe de estado” que ponga punto final a la experiencia chavista. La invasión a Libia, y el derrocamiento y linchamiento de Muammar El Gadafi son un ejemplo de “cambio de régimen”; hace medio siglo que Estados Unidos está proponiendo  sin éxito algo similar para Cuba. Ahora lo están intentando, con todas sus fuerzas, en Venezuela.

Por simple cuestión de principios nuestra consciencia está obligada a condenar el fallo de la Procuraduría General de la Nación que ordena la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. También por ellos nuestra consciencia se siente comprometida con la inconformidad, la protesta y la respuesta popular a semejante arbitrariedad. Basta el simple sentido de la decencia para ponerse de lado del destituido funcionario.

El viaje del procurador Ordóñez a La Haya para que desde allí se frene al Gobierno Nacional si se le va la mano en indultos y amnistías, en lo que ahora se llama justicia transicional, es lo último de su desorbitada actuación en el ministerio público.