Por Carlos Antonio Lozada, integrante del Secretariado de las FARC-EP
Celebramos el reciente fallo de la Corte Constitucional encaminado a proteger el derecho de los niños huérfanos a tener una familia, reconociendo a su vez el derecho de las parejas del mismo sexo a la adopción. Un fallo de indudable trascendencia por sus repercusiones políticas, sociales y culturales.
Sólo una Asamblea Nacional Constituyente podrá hacer los cambios a la justicia.
Las FARC-EP se pronunciaron esta mañana sobre el escándalo en el que está inmersa la justicia colombiana, la cual denominaron de infame, inoperante y parcializada.
Colombia demanda un análisis a fondo sobre lo que está ocurriendo con el desacreditado sistema judicial, vergüenza de la nación. Necesita urgentes cambios institucionales que no podrán venir sino de una Asamblea Nacional Constituyente. El país no merece tener un presidente de la Corte Constitucional como el señor Pretelt, corrupto magistrado que refleja la degradación de la institucionalidad colombiana, de un sistema que se autodenomina Estado de Derecho, cuando está plagado de corrupción, sobornos enmermelados, a favor de intereses privados, mafiosos y violentos.
Ante la sorpresa de la prensa que día a día espera la chiva a la entrada del Palacio de las Convenciones de La Habana, las dos minivan donde se transporta la Delegación de Paz de las FARC-EP, pasaron de largo la mañana de ayer e hicieron su ingreso por otra de las entradas del PALCO.
La Habana, Cuba, Marzo 4 de 2014
Señores magistrados y señoras magistradas
Corte Constitucional Colombiana
Sala Plena
Bogotá, D. C.
At.: Magistrada ponente doctora María Victoria Calle Correa
Ref.: PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NO. 63 DE 2013/SENADO – NO. 73 DE 2013/CÁMARA, “POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN LAS REGLAS PARA EL DESARROLLO DE REFERENDOS CONSTITUCIONALES CON OCASIÓN DE UN ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO”. Posición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, frente a la citada ley.
En la institucionalidad colombiana se normalizaron temerarias acciones que ilegitiman mucho más el llamado Estado social de derecho. Altos funcionarios ocultan tras bambalinas el cangro de corrupción y descomposición del Estado, de la que no escapan togados de la llamada administración de justicia, como el magistrado Villarraga, a quienes les tapan los ojos a punta de sobornos.
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, agosto 6 de 2013
(Primera reflexión)
La definición de un Marco Jurídico para la Paz, es asunto que se ha venido debatiendo hace ya varios meses por diversas instancias de los poderes del Estado, incluso presentándose planteamientos a veces contradictorios entre unos y otros, los cuales por ser de tan reciente publicación y propagandización, no es del caso recordar en el presente pronunciamiento.