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Viernes, 17 Julio 2015 00:00

El costal de la impunidad

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En tuiter: @Tanja_FARC

Empezamos en los Países Bajos…

En julio de 1995, durante la guerra de Yugoslavia, un grupo de aproximadamente 400 cascos azules holandeses agrupados en un batallón llamado Dutchbat III, se encontraba en Bosnia y Herzegovina para proteger a los bosnios de la limpieza étnica ejecutada por parte de los serbios.

Cuando el Ejército de las fuerzas serbobosnias, bajo el mando del general Ratko Mladić, se iba acercando a la ciudad de Srebrenica, zona declarada segura por la ONU, la gran mayoría de pobladores de esta ciudad buscó refugio en el campamento de los cascos azules holandeses. Los militares holandeses, en una conducta de negligencia criminal, entregaron decenas de miles de musulmanes bosnios a los serbios, para salvar su pellejo. 8.373 de ellos fueron asesinados por militares y paramilitares serbios.

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El comandante de Dutchbat III, Karremans, brinda con el general de las fuerzas serbobosnias, Mladic

En 2006, los soldados de Dutchbat III fueron condecorados por el ministro de defensa holandés; acto que fue fuertemente criticado por supervivientes del genocidio. En 2010, familiares de las víctimas demandaron al comandante del batallón, Karremans, y a otros dos oficiales por complicidad en genocidio. El año pasado, el ministerio público holandés decidió que no los iba a demandar, pero la abogada de los familiares volvió a la carga, diciendo: “Me da la fuerte impresión que el Ministerio Público sí quería demandar al comando del batallón, pero esto fue impedido desde arriba. Pienso que a esos niveles, se considera el enjuiciamiento de los propios militares ‘no deseable’”.

…pasando por Estados Unidos…

Desde la invasión norteamericana en Iraq en 2003, una multitud de informes de organizaciones de derechos humanos han salido, con evidencias de que el Ejército norteamericano y miles de contratistas militares privados, o sea mercenarios, han asesinado civiles, violado mujeres, torturado prisioneros y detenido miles de personas arbitrariamente; todo esto con una impunidad casi total. Tal vez el ejemplo más conocido fue en el 2007, cuando mercenarios de la compañía Blackwater asesinaron a 17 civiles iraquíes e hirieron a 20 más, en la Plaza Nisour de la ciudad de Bagdad.

…hasta llegar a Colombia.

En el 2008 empezaron a salir los primeros casos de los eufemísticamente llamados “falsos positivos” en Colombia: ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del Ejército Nacional, presentados como guerrilleros dados de bajo en combate, para obtener bonos, vacaciones o simplemente mostrar resultados. Aunque realmente empezaron a presentarse desde los años 90, bajo el Gobierno de Uribe tuvieron un vertiginoso aumento. El 27 de mayo de 2010, Philip Alston, relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, en informe presentado tras su visita a Colombia, denunció que la impunidad para estos crímenes abarca el 98.5% de los casos.

***

Algunos de estos sucesos son más conocidos que otros. En algunos se trata de políticas criminales, una sistematicidad de las atrocidades; en otros se trata de un hecho aislado – aunque de suma gravedad -, por ejemplo en el caso de los militares holandeses de Dutchbat III. No obstante, hay una palabra que los identifica a todos, un denominador común: la impunidad. En las tres situaciones, los militares son protegidos, ya sea de forma sutil o de manera descarada, por instituciones ‘respetables’ de la vida nacional, o por la misma comunidad internacional. En el caso de los mercenarios, se puede afirmar incluso que se trata de un mecanismo inventado precisamente para eso: despojarse de responsabilidades el Estado y garantizarles la impunidad a los que perpetran los crímenes en su nombre.

Lo escandaloso no es que existan abusos o violaciones a los derechos humanos en los conflictos, puesto que las guerras se llevan a cabo con armas mortales empleados por seres humanos imperfectos, algunas veces incluso poseedores de pocos valores éticos o morales. Lo triste, lo inaceptable, es la impunidad.

Algunos Gobiernos, instituciones penales y personalidades nos están recordando constantemente a las FARC-EP que no puede haber impunidad en el proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana, Cuba. Un ejemplo es el procurador de la nación, Alejandro Ordóñez, quien manifestó recientemente que “No puede haber acuerdo de paz con la impunidad que pretenden las FARC". Así mismo, la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda dijo que la justicia internacional no permitirá que haya impunidad total en Colombia en aras de la paz.

La insurgencia, por su parte, ha repetido en muchas ocasiones que en materia penal, el objetivo no es intercambiar impunidades. Eso está claro.

Sin embargo, es importante recordar que las FARC poseemos un Reglamento de Régimen Disciplinario, publicado en nuestras páginas web para cualquier persona que quiera conocerlo. Este reglamento, describe las conductas que se consideran fallas y delitos en la organización, así como las penas que se aplican cuando se incurre en ellas. Es aplicado a cabalidad en la vida cotidiana nuestra, en todas las unidades de FARC a nivel nacional y en todos los rangos; eso lo puede afirmar cualquier combatiente, excombatiente o conocedor de las FARC-EP. La sanción, que siempre debe contener elementos de trabajo físico, de estudio y de autocrítica para la superación personal, forma parte de nuestras vidas en las filas de las FARC-EP. Creo incluso que no existen guerrilleros o guerrilleras que nunca hayan sido sancionados. Los delitos, entre ellos la violación sexual o la deserción con armas o dinero, son castigados con un consejo de guerra que puede llevar a una sanción drástica o incluso a la pena máxima[1].

Y cuando un o una combatiente de las FARC-EP es capturado por el enemigo, le esperan entre tres y noventa años de cárcel, no más por el hecho de pertenecer a una organización “al margen de la ley”; ni hablar de las torturas, del maltrato psicológico, violencia sexual contra las guerrilleras capturadas, y de los montajes judiciales, denunciados hasta la saciedad pornuestros prisioneros y prisioneras. Ha existido desde tiempos atrás una persecución penal implacable del Estado contra todo lo que huele a FARC, en contraste con un abandono de la obligación de perseguir los crímenes perpetrados por el Estado y sus paramilitares.

Así que los de la impunidad son otros, nos pueden sacar de ese costal. Sé que en las FARC-EP, los y las combatientes no gozamos de un 98.5% de impunidad. No somos los que históricamente la hemos disfrutado, así nuestro “sistema penal” - es decir, nuestro reglamento de régimen disciplinario - no sea valorado en su justa dimensión por el mundo de la social-democracia neo-liberal; un mundo, al que le hace falta autoridad moral y ética para hacernos exigencias o juzgamientos.

Sería bueno que hubiera más equilibrio cuando de cuestiones penales se trata, y que se tuviera en cuenta estos elementos. No se debería seguir alimentando la falsa idea de que las FARC-EP seamos los criminales que nos estamos haciendo los pesados para recibir la condena, mientras que los que tienen cuentas abiertas con la justicia – y, más importante aún, con las víctimas – siguen siendo intocables.


Fuentes:

[1] Aquí aplica el derecho fundamental non bis in ídem, que dicta que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. El Estado no puede pretender sancionar a guerrilleros por hechos ya sancionados por la guerrilla conforme a sus leyes internas.


URL corto: http://goo.gl/uT5N4G

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Alexandra Nariño

Columnista del Viernes
(Tanja Nijmeijer) Guerrillera Internacionalista de las FARC-EP, Integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP. 
En tuiter: @Tanja_FARC

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